Jaque a la democracia constitucional

España sufre un proceso de desarticulación de la Constitución de 1978 ejecutado por su Gobierno de coalición. En un peligroso y confuso juego de equilibrios, la plataforma de Pedro Sánchez, antes llamada PSOE, tiene el interés primario de mantenerse en el poder, y quizás la voluntad de corresponder a sus compromisos territoriales con la mayoría de la investidura. No cabe buscar otra justificación o ideario político en sus decisiones, que llevadas a sus últimas consecuencias podrían suponer un cambio de régimen de convivencia entre los españoles sin el necesario consenso de la oposición. Este fue uno de los graves errores del gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, que emprendió reformas de los Estatutos de Autonomía sin contar con el PP, como fue el caso del Estatuto catalán. Podemos y sus epígonos, entre los que incluimos a las organizaciones independentistas, más claramente quieren construir un nuevo régimen político, abortando más de cuarenta años de proyecto común de los españoles.

El último artículo de la Constitución francesa del año III (1795), alma de la Revolución, y que tiene como preámbulo la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, disponía que El pueblo francés encomienda la presente Constitución a la lealtad de los poderes públicos y a la vigilancia de los padres de familia, las esposas y las madres, al afecto de los jóvenes ciudadanos, al coraje de todos los franceses.

El texto francés enseña con claridad que el estado de derecho y la democracia descansan en la garantía política de la lealtad de los poderes públicos, y en la garantía social de la vigilancia de los ciudadanos. La garantía política de la lealtad de los poderes públicos está gravemente deteriorada en España; y la garantía social se encuentra en fase de envilecimiento.

Los titulares de los poderes del gobierno promueven la desarticulación de la Constitución de 1978. Así cabe interpretar la erosión de la figura del Jefe del Estado por parte de la coalición de gobierno en España, llegando a suplantarla, preterirla o directamente a cuestionarla con grave deslealtad y pérdida del sentido de la representación institucional y del significado de la Corona en la Constitución, tal y como hemos tenido ocasión de contemplar en las últimas semanas. En el caso de Pedro Sánchez por adanismo y ausencia de sentido común; para Iglesias y los independentistas es pieza de caza mayor por la solidez del quehacer de la Corona, una de las claves de bóveda del sistema político que nace en 1978.

Los episodios sobre el impulso de la promulgación de Leyes ad personam son actos de deslealtad de los poderes públicos y, de aprobarse, actos de corrupción en cuanto decisión pública dirigida a favorecer intereses personales. De esta forma sucede con la reforma del delito de sedición, o con la proyectada concesión de indultos. En uno y otro caso, no se trata de decisiones adoptadas en el marco de una política-jurídica sólida en materia penal o penitenciaria, sino de un mercadeo de decisiones de gran trascendencia política por los votos independentistas para los todavía presupuestos fantasmas.

De no menor deslealtad es la presentación de la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. El asunto denota falta de rigor del PSOE y del PP. Los mandatos están caducados desde 2018, cuando gobernaba el PP, pero entonces el PSOE no tenía prisa por la renovación. Hoy quien negligentemente no tiene prisa es el PP. No se toman en serio a una Institución importante para la división de poderes, que acaban convirtiendo en una casita donde se intercambian muñecos a capricho. La respuesta del Gobierno a la demora de los populares no puede ser más inconsistente: promover una reforma que socava la división de poderes al tomar en solfa la mayoría cualificada prevista en el artículo 122 de la CE. A tal fin se invoca la soberanía popular, olvidando que la democracia constitucional pone límites al voto de las mayorías, precisamente para evitar que por la vía de la democracia formal se acabe desmontando la propia democracia, como hicieron los fascistas en Alemania e Italia en el siglo XX. Y siempre queda la duda de si el trasunto no es más que poner a determinados jueces al servicio de la política territorial del gobierno, que no es compartida por la oposición, y que no logra, por tanto, sumar a la gran mayoría de los españoles.

Otros aprovechan la ocasión para predicar la despolitización de la justicia. Como si los jueces no fueran personas y no tuvieran principios, valores y hasta ideario político. Uno de los mejores presidentes de la autoridad de competencia española ha sido Luis Berenguer, que era militante socialista y ha ocupado cargos públicos importantes en Europa, España y Valencia. No son el ideario personal y la trayectoria política las que descalifican, sino la ausencia de aptitudes profesionales. Por ello, la dirigencia política debe empeñarse en seleccionar a los mejores mediante el sistema de elección vigente, que no repugna al espíritu constitucional como ha declarado el Tribunal Constitucional. Y, en este orden de ideas, Ciudadanos podría utilizar su importante poder institucional en el conjunto del Estado para presionar al PP y al PSOE en la búsqueda de un acuerdo para elegir a los mejores profesionales. Es más útil hacer todos los esfuerzos razonables por preservar la división de poderes que emperrarse en negociar los presupuestos fantasmas, convertidos por la formación naranja en tabla de salvación y justificación de su existencia política, una suerte de bálsamo de fierabrás de sus anteriores errores políticos.

La garantía social de vigilancia de la Constitución por los ciudadanos está en un momento delicado. Cabe apreciar falta de centralidad en esa parte de la sociedad civil que se deja arrastrar por los enfoques partisanos de la maquinaria de propaganda política. No se pueden aceptar las violaciones de la letra y el espíritu de la Constitución, vengan de quien vengan, aunque sean los propios compañeros de partido. No se debe tolerar la omnipotencia de la mayoría y la destrucción de las garantías de la Constitución. Conviene reafirmar los valores constitucionales para rechazar de plano una involución populista y antiliberal de la representación política. No sólo es importante quién toma las decisiones y cómo se toman, sino que es necesario acentuar el valor de qué se decide, los contenidos. Entre todos, debemos preservar la democracia constitucional base de la convivencia y la paz.

* César Giner Parreño es profesor titular de Derecho mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid y ex diputado del PSOE-M