No podía darse peor circunstancia en el proceso de vacunación del coronavirus que se expandiese la confusión, que crease desorientación en la ciudadanía, que el Gobierno no supiese centralizar una respuesta común –al margen de que la ejecución corra a cargo de las comunidades autónomas– y que al final, como siempre desde hace demasiado tiempo, todo acabase en una pugna política. Que Pedro Sánchez ha estado desaparecido durante toda la epidemia ha quedado claramente demostrado, más preocupado por no verse perjudicado en su imagen que en asumir la responsabilidad última de esta gestión. Si pensaba que con 76.328 muertos podía pasar de puntillas demuestra una falta de empatía con el dolor que está causando esta epidemia. Sin duda, su gran aliado es la extrema polarización política en la que tanto se han esforzado las terminales de Moncloa, lo que le permitirá pedir un voto de «izquierdas», ideológico y frentista, sin que su electorado le obligue a rendir cuentas. Él, por contra, puede reclamarla a cualquier institución de inferior rango, o acusar gravemente a los gobiernos autonómicos que no sean de su signo político del número de contagios, hospitalizados y fallecidos, incluso algo peor: imputar, como hizo con la Comunidad de Madrid, no estar contabilizando correctamente los datos oficiales. Sin embargo, desconocemos cuál ha sido la posición de España en la Unión Europea ante el desabastecimiento de vacunas, lo que estaba impidiendo el proceso de inmunización previsto, cuya responsabilidad eludió. Por contra, el Gobierno ha sido incapaz de ofrecer una información científicamente contrastada sobre la vacuna de AstraZeneca y sus efectos secundarios –el miedo a los trombos que se produce en una de cada 150.000 inoculados–, cambiando de decisión en apenas unas horas. Si el miércoles, el Consejo Interterritorial de Sanidad acordó que España limitaría la vacuna de AstraZeneca a personas de entre 60 y 69 años, poco después suspendió la vacunación de la misma en personas menores de esta edad, dejando en el limbo a todos aquellos que ya habían recibido la primera dosis. El resultado ha sido un alto absentismo en todas la comunidades, que llega al 63% en Madrid, lo que no ayuda al único objetivo: inmunizar al mayor número de personas.

La estrategia del Gobierno de España durante esta crisis ha sido siempre situarse lo más lejos posible y protegerse de cualquier efecto que manchara su imagen ya de por sí deteriorada. Propagó que Díaz Ayuso negociaba por su cuenta con Rusia para comprar la vacuna Spútnik ante la falta de abastecimiento –como también estaba haciendo Alemania– y la pasividad de Sánchez, a la espera de que la presidenta de la Comunidad de Madrid cometiera algún error. Sin duda, no hay mejor manera de no errar que no hacer nada, ni en España, ni en Bruselas.