La «pereza» del Gobierno

No puedo sustraerme a la tentación de utilizar el término poco jurídico de «pereza» legislativa para definir la inacción del gobierno a la hora de resolver el problema que ha generado la finalización del estado de alarma. No se me ocurre otra razón que explique la situación en que nos encontramos por la cabezonería de no ordenar y perfeccionar el marco jurídico para hacer frente a la desescalada, así como a situaciones similares que se puedan producir en el futuro. Es curioso que esto suceda en un país donde la hipertrofia legislativa es algo históricamente habitual.

No hay más que recordar lo que sucedió durante el Antiguo Régimen con la Nueva Recopilación (1567) y finalmente con la Novísima Recopilación (1805). Los juristas necesitaban tener un profundo conocimiento histórico para navegar en ese caos de contradicciones y confusiones de las normas que se habían ido aprobando a lo largo del tiempo.

La situación actual supera aquella época gracias a la cantidad de «legisladores» que pueblan el solar patrio. En este sentido, no hay más que leer el BOE para sentirse abrumado. A pesar de esa predilección legisladora y reglamentista, el gobierno ha optado por la inacción.

Hace años que detesto la palabra «empoderamiento» y es la primera vez que la utilizo, porque todavía no salgo del asombro que me provocó que Carmen Calvo, profesora de Derecho Constitucional, justificara el despropósito del Real Decreto-ley 8/2021 en que se había empoderado al Tribunal Supremo. A estas alturas sigo sin entender esta competencia de un organismo constitucional centenario que no necesita que nadie le empodere. Desde luego no lo explicaré en clase y lo tendré por un desliz de una compañera.

Hay un problema objetivo de restricción de derechos y no parece que la solución para resolver las discrepancias en las resoluciones judiciales sea utilizar el recurso de casación, para que el Supremo ejerza su papel de homogeneización y unificación de doctrina, asumiendo el papel que corresponde, en este caso, al ejecutivo que tendría que haber presentado una ley orgánica en las Cortes.

La «pereza» legislativa responde realmente a una debilidad parlamentaria que solo se hubiera resuelto con esfuerzo y dedicación, negociando con la oposición ese marco jurídico que se ha convertido en una demanda unánime de políticos y juristas. Es verdad que siempre queda la alternativa de pedir el estado de alarma para una comunidad, pero no podemos convertir lo excepcional en habitual teniendo otros instrumentos más adecuados.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).