El portazo a los independentistas

La oposición de los magistrados de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo ante un posible indulto de los líderes independentistas del procés es un grave contratiempo en la estrategia del gobierno. A estas alturas es evidente que no se dan las condiciones para ejercer una medida de gracia, porque no solo no se arrepienten del delito cometido sino que existe una clara voluntad de reincidir. Estamos ante un escollo insalvable y mantener esa estrategia comportaría un desgaste enorme. El PP y Vox han adoptado una posición beligerante con el anuncio de recursos en la vía judicial cuyo resultado podría tener unas consecuencias todavía más graves si el consejo de ministros decide corregir la sentencia, como acertadamente han señalado los magistrados a la hora de exponer su rechazo. No existen, efectivamente, las razones de justicia, equidad y utilidad pública que motivarían una decisión tan controvertida. Estamos ante unos condenados por malversación de caudales públicos y desobediencia muy grave. Es cierto que cuentan con un apoyo electoral, como se comprobó en las pasadas elecciones catalanas, pero este nunca puede ser la base que fundamente una decisión manifiestamente injusta.

Un atisbo de prudencia y algún gesto de los independentistas condenados hubiera facilitado la decisión, pero han preferido mantenerse en sus posiciones complicando al presidente del gobierno su estrategia de desescalada en el conflicto. No son presos políticos, sino políticos que han cometido graves delitos y por ellos cumplen una condena firme. El gobierno no se puede convertir en una segunda instancia que políticamente corrija una fundada e incuestionable decisión judicial. Los presos quisieron subvertir el orden constitucional, dividieron a la sociedad catalana y pretendían imponer una ruptura unilateral de España. La sentencia demuestra que no solo fue una ensoñación, porque en este caso no hubiera cabido la condena, o un alegato, como otros que hemos vivido, sino la culminación de un proceso que buscaba imponer la secesión. El informe elaborado por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, es una excelente pieza jurídica que fundamenta, con una solidez incuestionable, las razones por la que se rechaza el indulto solicitado. La posición de los magistrados, que son algunos de los mejores penalistas de nuestro país, es clara y contundente. No parece razonable que el gobierno siga por esta vía, salvo que quiera asumir un desgaste político tan grande como innecesario. A estas alturas es mejor abandonar la idea y esperar que el independentismo abandone, también, su actitud desafiante.