Un problema que por ahora no se resuelve

Existen datos significativos de los que se derivan consecuencias políticas, sociales y, por supuesto, económicas, directamente relacionadas con la demografía. En un trabajo reciente de Elisa Chuliá Rodrigo, titulado La evolución de la población contemporánea: motivos para la satisfacción y la inquietud, aparecido en Información Comercial Española en mayo-junio 2019, en un número monográfico titulado España ante el reto demográfico, presentado por los profesores Becker Zuazua y Mayor Sánchez, se nos muestra que en el año 1900 la esperanza de vida al nacer era de 33,9 años en los hombres y de 35,7 en las mujeres, y en el año 2017 la esperanza de vida al nacer de los hombres pasa a ser de 80,4 años y de 85,7 en las mujeres. Cuando se contrastan estas cifras en Eurostat, vemos que España se encuentra en situaciones de cabeza de todo el ámbito europeo, en esta cuestión y, por lo tanto, es una señal magnífica del impacto que toda una serie de medidas médicas y económicas conjuntas han logrado –consecuencia, entre otras cosas, de la puesta en marcha, en 1942, del seguro obligatorio de enfermedad–.

Todo ello está relacionado con el futuro de la población activa, pues la pirámide de la población residente en España muestra que, para las edades entre 0 y 40 años, ha caído de manera extraordinaria. De momento, no crea más que problemas iniciales; pero, conforme avance el siglo XXI, surgirá la necesidad de una considerable inmigración. Además, como aumentará la cantidad de personas de edad avanzada, generará, automáticamente, un aumento en el gasto de las prestaciones sociales en pensiones y en medidas sanitarias. Por ello, surge la idea creciente de aumentar la edad de jubilación. Y al unirse el incremento del conjunto del gasto público, se provoca, instantáneamente, un déficit presupuestario que es incompatible con las exigencias que nos plantea el conjunto de la Eurozona.

Sumado a esta situación demográfica, se ha producido el nacimiento de la llamada España vacía. El peso creciente de la industria y los servicios, en puntos concretos del territorio español, atrae a cierta población activa hacia concretas localizaciones urbanoindustriales. Afortunadamente, el avance en la mecanización del campo hace posible que eso no perturbe al conjunto de nuestra economía, pero sí genera una tensión política en multitud de zonas españolas que contempla algo que no se puede evitar: que la población marche hacia los lugares donde la renta es mayor.

Dentro del sector servicios ha surgido un nuevo planteamiento que se olvida muchas veces. Como consecuencia de la combinación del clima, del paisaje, de los servicios sanitarios que, desde el punto de vista científico alcanzan niveles extraordinarios, y por la vía del turismo, se produce un asentamiento creciente de extranjeros de avanzada edad –sobre todo, británicos– y de no escasa riqueza, en multitud de lugares de España. Y eso crea la necesidad de que existan unos servicios adecuados para atender las exigencias de esta población inmigrante.

Parece evidente que, como se señala en el mencionado artículo de Elisa Chuliá Rodrigo, afortunadamente se produce un importante incremento de la población femenina en la población activa; mas, «sabemos que los valores del indicador coyuntural de la pasada fecundidad en España (2,65 hijos por mujer) es ahora de 1,3 hijos por mujer y es evidente que en España muchas mujeres tienen preferencias insatisfechas en relación con la maternidad, tanto respecto a la edad a la que desearían convertirse en madres (que, desde 2007, rebasan los 30 años, aproximándose en 2017 a 31,5 años), como al número de hijos que les gustaría tener». De hecho, España es uno de los países en los que se observa una mayor distancia entre el promedio de hijos deseados y el número de hijos que se tienen, lo que estaría evidenciando un «déficit del bienestar individual y social» como señaló Castro Martín en Cigüeñas en standby (2019).

La diferencia de renta existente entre España con países de la Europa oriental, con países cercanos africanos y con países hispanoamericanos, es tal, que plantea que la política migratoria no se reduzca únicamente a contemplar las posibilidades que así surgen para la población activa, sino su participación social y moral, e incluso política, con el conjunto español. Simultáneamente, tienen que resolverse los problemas demográficos de gasto público que generan el citado déficit del sector público, porque constituyen un freno a las posibilidades del futuro desarrollo. Y esto se liga a todo un replanteamiento educativo.

He ahí un colosal problema creciente que exige ser abordado. Y de ello depende, nada menos, que el futuro de España.