El alcalde de Camporredondo y el Senado

Camporredondo es una pequeña localidad de 155 habitantes –tiene gracia la cifra– de la provincia de Valladolid, que se está haciendo viral con entusiasta apoyo en las redes y demás medios de comunicación con la respuesta que su alcalde ha dado a la Presidencia del Senado, aunque nominalmente se dirige a la persona de Pilar Llop, hoy ministra de Justicia, pues fue ella quien les hizo el requerimiento cuando ostentaba dicha responsabilidad meses atrás.

La Mesa del Senado, en sendas reuniones de 16 de febrero y 16 de marzo, acogió la petición del senador separatista Carles Mulet –el que ahora quiere llevar a declarar a Bárbara Rey– de requerir al Ayuntamiento de la citada localidad «a cumplir la Ley de Memoria Histórica de 2007» retirando la denominación «Calvo Sotelo» a una de sus calles.

La respuesta merece pasar a la antología de los ediles que, con sus iniciativas, manifiestos y como personajes de obras literarias ya han entrado en la Historia. Móstoles, Zalamea… encabezan una prolija lista a la que habrá que incorporar ya a Camporredondo y su alcalde Javier Izquierdo.

El primer edil firma la respuesta que traslada al Senado en la que, por una parte expresa su perplejidad ante el requerimiento de tan importante institución interesándose por el pueblo, cuando afirma que seguro no tienen ni idea de dónde se localiza. Pasa a continuación a expresarle a la Cámara Alta que el municipio tiene cinco ediles, y que no cobran retribución ninguna, a diferencia de las que ellos disfrutan; y que bien podrían preocuparse de las necesidades de los vecinos de la olvidada España ya vaciada, que tanta ayuda precisan.

En cuanto al objeto del requerimiento, alude a que no ha lugar por cuanto hay dos personalidades posibles referidas a Calvo Sotelo: la del que fue presidente del Gobierno y que bien merece el nombre de una calle, no estando afectado por el ámbito temporal de la ley, que no alcanza a 1981-82.

En cuanto al otro Calvo Sotelo, personaje histórico también, reseña que, al haber sido asesinado el 13 de julio de 1936 por agentes del Gobierno de la República, no pudo participar en lo sucedido después del 18 de julio porque «YA ESTABA MUERTO» (así en el original).

Reprochan que el senador Mulet, que «percibe una ínfima retribución de 86.000€», debería precisar a cuál de los dos Calvo Sotelo se refiere, y les invita a ocuparse de la Memoria que conmemoró el Parlamento Vasco días atrás homenajeando a familiares de terroristas de ETA. Finaliza despidiéndose sin saludar «porque no se lo merecen».

Más alto sí, pero no más claro. Toda una lección.