Las merecidas vacaciones de Ribera

No comienza bien un plan de ahorro energético que consigue concitar un rechazo tan enorme. La reacción fácil de la izquierda política y mediática es, como siempre, culpar al PP para esconder la incompetencia de la vicepresidenta Ribera. No ha querido dialogar con la oposición, como sucede en la mayor parte de la UE, porque algunos ministros se han acostumbrado al ordeno y mando. Es una lástima esta perseverancia en el error que no hace más que producir un evidente desgaste electoral al PSOE. Podemos está tan mal que ni siquiera vale la pena referirse a una formación que no hace otra cosa que cosechar fracasos en las urnas. Esta enfermiza obsesión por el uso de los reales decretos-ley para hurtar el debate parlamentario le está pasando factura. Ribera se limitó a convocar una reunión con los consejeros para explicarles el texto que se había publicado en el BOE. No mostró ninguna voluntad de negociación y anunció que «no va a haber ningún aplazamiento». Me imagino que quedó agotada tras este esfuerzo y ahora empezará unas merecidas vacaciones. No hay duda de que sería más provechoso para España que se las tomara hasta que finalice la legislatura.

La primera reflexión que podemos hacer es determinar si este Gobierno es tan perfecto que puede menospreciar a la oposición. La vida me ha enseñado que es bueno escuchar, analizar y, finalmente, aprovechar algunos aspectos de lo que dicen aquellos con los que no se coincide ideológicamente. El concepto dogmático de la vicepresidenta es un error. La realidad es que no se ha tenido en cuenta el impacto económico y el plan es una clara expresión de una concepción centralista que entra en colisión con la división de competencias que establece el Título VIII de la Constitución. Nunca he dudado del jacobinismo del PSOE, así como de su fervor hacia el bipartidismo, aunque con una concepción al estilo que consagró durante décadas el PRI en México. Es decir, la oposición se tiene que limitar a ser unos palmeros. La segunda reflexión a considerar es si el PP acierta o no con su firme rechazo. Me hubiera gustado que se alcanzara un acuerdo, pero es evidente que el Gobierno no tiene ningún interés. No está dispuesto a hacer ninguna concesión. Por ello, Feijóo tiene que recurrirlo al Constitucional.