Peajes

Que el Gobierno de España, esté éste ocupado por el PSOE o por el PP, va a tener que implantar peajes en las autovías es una certeza de la que pocos deberían dudar puesto que se trata de un compromiso que el Ejecutivo de Sánchez, y por tanto el Estado español, ha asumido con Bruselas a cambio de recibir los famosos 70.000 millones de euros en fondos europeos. Que ahora mismo la ministra de Fomento sostenga que el debate no toca y que se posterga hasta 2024 constituye solamente una maniobra de distracción pre-electoral: dados los comicios generales que se celebrarán en 2023, nadie quiere desvelar sus cartas aunque éstas se hallen enteramente marcadas. Mejor mentirle al votante y, una vez depositado el sufragio en la urna, reconocer la mentira que revelarla antes y arriesgarse a perder el voto y por tanto el poder. Acerca del debate de fondo, recordemos que establecer peajes es una medida perfectamente razonable siempre que en paralelo se rebajen algunos de los muchos impuestos que recaen sobre los conductores. En particular, estamos hablando de más de 30.000 millones de euros anuales en distintas figuras: impuesto de matriculación (500 millones de euros), IVA por la compra de coches nuevos (5.000 millones de euros), impuesto de circulación (3.000 millones de euros), impuesto especial de hidrocarburos (13.500 millones de euros), IVA de los carburantes (7.500 millones de euros) e impuesto de transmisiones sobre vehículos de segunda mano (600 millones de euros). Según aseguraba el Ministerio de Fomento antes de que se impusiera la preelectoral ley de silencio sobre este asunto, el objetivo de los peajes era recaudar 1.300 millones de euros al año, así que tiene mucho donde compensar a los conductores antes de elevar los peajes. Pero, como decimos, los peajes son en sí mismos una buena idea: el principio de quien usa paga (y quien no usa no paga) debería extenderse no solo a las carreteras sino a muchos otros ámbitos. De esa forma se consigue una corresponsabilidad entre utilidad del servicio y coste del mismo: si el usuario no valora lo suficiente un servicio como lo que cuesta suministrarlo, ese servicio no debería ser prima facie suministrado (salvo acaso por cuestiones de equidad que evidentemente no son trasladables al conjunto de la población). Pero en este país incluso las buenas ideas han de guardarse dentro de un cajón si son susceptibles de generar perjuicios electorales: porque conquistar y mantenerse en el poder es lo primero para nuestra casta política.