La competencia fiscal

La Organización Territorial ha sido uno de los problemas que ha tenido que afrontar históricamente el constitucionalismo. No existe un criterio infalible. Nadie puede aducir que un sistema centralista o uno descentralizado sea mejor que el otro. Hay ejemplos que sirven para defender una u otra posición. La cuestión fundamental es que responda a la realidad histórica y las necesidades del país en cuestión. En nuestro caso, es evidente que la segunda opción era la adecuada y la Constitución de 1978 intentó articular una solución. No coincido con sus detractores. No hay duda de que cualquier texto constitucional es mejorable. La extensión de los entes preautonómicos previamente a la aprobación de la Constitución es la constatación, más allá de interpretaciones voluntaristas, de que existía un claro deseo descentralizador, así como el convencimiento de que Cataluña y el País Vasco, que habían gozado de autonomía durante la Segunda República, eran el modelo a seguir. La idea de una descentralización administrativa vacía de autonomía política fue descartada por los constituyentes, al igual que la confederación o la federación.

El Estado de las Autonomías ha convertido a España en uno de los países más descentralizados del mundo y creo que es, a pesar de algunos errores y del grave problema del independentismo, un modelo satisfactorio. En el aspecto tributario, existe la posibilidad de que las comunidades, en uso de sus atribuciones constitucionales y estatutarias, puedan ejercer sus competencias estableciendo reducciones e incentivos que son muy positivos. El deseo armonizador, que es una tendencia centralizadora, es absurdo, porque existe esa misma competencia entre los países miembros de la UE. Más allá de debates académicos, que siempre resultan interesantes, la centralización no es una opción, porque no cuenta ni con apoyo político ni social. Lo que hay que exigir es que las Comunidades, al igual que el Gobierno, sean eficaces en la gestión de los recursos públicos y reduzcan la carga impositiva. Es cierto que muchos economistas abrazan con gran fervor las teorías intervencionistas y el incremento desaforado del gasto público. Esto afecta no solo a los comunistas y socialistas, sino a sectores del centro derecha, como sucedió con el último gobierno del PP. El crecimiento de la deuda y el déficit público son desastrosos. Por ello, ha sido muy acertado que Moreno siga los pasos de Ayuso en el terreno tributario.