El Código Penal del independentismo

El gran penalista alemán Claus Roxin escribió que «la imposición de una pena privativa de libertad es, por tanto, la intervención más radical en la libertad del individuo que el ordenamiento jurídico permite al Estado. Muchas veces la pena privativa de libertad se prolonga como una sombra para el condenado durante el resto de su vida». Es una definición tan precisa como acertada. Por ello, el Código Penal es uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico de un Estado y cualquier reforma debería concitar un acuerdo lo más amplio posible. Es insólito que se reforme para complacer a aquellos que quieren destruirlo y que lo impulse el PSOE, que lidera el Gobierno. Hace más de una década que sufrimos una crisis institucional provocada por los antisistema, los comunistas y los independentistas, pero esta línea roja no se tendría que haber cruzado jamás. La impericia en disciplinas tan importantes como son los derechos Constitucional y Penal conduce a una situación como la actual, que se agrava al alegar, como fundamento de una cesión, un derecho comparado que se ignora. No solo desaparece el delito de sedición, sino que se reformará el de malversación para redondear el despropósito.

Los delitos contra la Constitución son muy graves en cualquier democracia y no se pueden tipificar como desórdenes públicos lo que se vivió aquellos días: las normas de desconexión, el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y la declaración formal de independencia, así como la malversación de millones de euros. La cuestión de fondo es que Junqueras y los dirigentes de ERC no se fiaban de Sánchez. La mesa de diálogo ha sido una tomadura de pelo, como he señalado en alguna ocasión. Esto ha conducido a que quieran cobrar por adelantado su apoyo parlamentario. El objetivo es, además, consolidar una mayoría de apoyo al Gobierno que se prologue en el tiempo y se base en concesiones que tienen una enorme trascendencia institucional. Es bueno recordar el pacto del Tinell. Los socialistas se unieron en 2003 a ERC y los comunistas de ICV para gobernar en Cataluña y se comprometieron a impedir la presencia del PP en el Gobierno del Estado, así como alcanzar pactos parlamentarios estables. Ahora se repite la historia, con el impulso y mediación con los independentistas de quien entonces autorizó el «cordón sanitario» contra el PP.