Tensión

Podemos señala a Díaz: desconocía la negociación para reformar el delito de sedición

Los morados desvelan que no estaban dentro de la negociación y Asens defiende “la discreción” para “evitar filtraciones”

La secretaria de Acción Institucional de Podemos,María Teresa Pérez, y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede de la formación, en Madrid.
La secretaria de Acción Institucional de Podemos,María Teresa Pérez, y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en la sede de la formación, en Madrid.Luis MillanAgencia EFE

Se convierte en una derivada más de la lucha abierta en la izquierda desde hace una semana. La reforma del delito de sedición desvela la nula interlocución dentro del espacio de Unidas Podemos. Esta reforma lleva meses cociéndose tanto en el Congreso de los Diputados como en el Gobierno de coalición, pero sin el concurso de todos los actores políticos, según desvela ahora Podemos, socio minoritario en Moncloa.

Las negociaciones para llevar al Congreso de los Diputados la proposición de ley para reformar el Código Penal la semana pasada entre PSOE y Podemos fue pilotada por la vicepresidencia segunda del Gobierno, encarnada por la ministra Yolanda Díaz y por los comunes, liderados por el jefe del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. Pero, según esgrime ahora Podemos, el partido morado no era conocedor de las conversaciones.

Así lo ha denunciado este lunes la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez. “No, no conocíamos la negociación porque se había llevado desde la vicepresidencia”, ha admitido en rueda de prensa desde la sede de Podemos. La que es la primera reacción de los morados tras conocer el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jueves en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Un dato que ya fue deslizado por el propio exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que reveló el malestar de su partido. “Fue llevado con mucho secretismo”, explicó desde un acto en Sevilla. “He estado hablando con mis compañeros en el Gobierno que están estudiando muy en detalle una reforma que se ha llevado con gran secretismo y creo que hay consenso en toda la izquierda que ninguna reforma puede servir para que activistas sociales que practican la desobediencia civil o protestan en la calle se puedan encontrar con nuevos tipos penales que sirvan para criminalizarles”, dijo.

De esta manera, Iglesias desvelaba también el temor de los morados a que se “criminalizaran” las protestas en la calle. Hoy mismo, la portavoz morada ha desvelado la “preocupación” de su partido en este sentido, ante la introducción del delito de desórdenes públicos agravados. “Los problemas políticos se tienen que solucionar con política y no judicializando los conflictos”. Ante esto, los morados ya estudian la proposición de ley con el objetivo de introducir enmiendas, lo cual podría ralentizar el trámite parlamentario y el objetivo de aprobarla antes de que termine el año.

Ante el malestar de los morados por no conocer el minuto y resultado de las negociaciones, ha tratado de zanjar el debate el jefe del grupo parlamentario, Jaume Asens, que fue quien el mismo viernes salió a dar detalles sobre la reforma del delito de sedición tras registrarse la Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados. Asens ha confirmado que Podemos “no estaba informado”, pero le ha restado importancia a este aspecto. “Tampoco lo estaba Izquierda Unida, ni los comunes”, ha asegurado. Una acción que se promovió para “evitar filtraciones”, según él mismo ha desvelado. “Estaba informada muy poca gente por una cuestión de discreción, para evitar filtraciones”, ha zanjado, recordando que la reforma del delito de sedición “estaba sobre la mesa” y todo el espacio lo sabía. “Sí que había esa información, pero no el detalle”, ha concretado.

Ahora, la formación morada también se muestra predispuesta a reformar el delito de malversación para beneficiar a los condenados del “procés”. En concreto, desde Podemos se diferencia entre malversación orientada al lucro personal y malversación causada por un uso inapropiado de los recursos públicos (sería el caso de los dirigentes independentistas porque se les acusa de malgastar dinero en actividades dirigidas a la ruptura con España).