El esperpento español

Lo que estamos viviendo es un espectáculo bochornoso. Un auténtico esperpento. No conozco a ningún jurista que defienda la constitucionalidad del procedimiento utilizado para la reforma exprés del Código Penal. No hay duda de que se están vulnerando los derechos de los diputados y los senadores. Otra cosa es determinar si se puede paralizar una tramitación parlamentaria, aunque sepamos que en el futuro será declarada inconstitucional. Es algo que saben muy bien los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. La pregunta es por qué Sánchez tiene tanta prisa y ha decidido tramitar la reforma con un procedimiento tan chapucero. Es verdad que nos hemos acostumbrado a que se gobierne a golpe de real decreto ley, pero esta urgencia es sorprendente. No cuestiono su derecho a promover la desaparición del delito de sedición o edulcorar la malversación. Es cierto que me parece un despropósito, porque la Constitución merece una firme y decidida defensa en el Código Penal. La realidad es que se ha pactado con los independentistas eliminar los delitos que han cometido y rebajarles las penas a los condenados en sentencia firme para que Junqueras pueda ser elegido diputado en las próximas elecciones generales.

A estas alturas resulta grotesco que las dirigentes de Podemos, los independentistas y los filoetarras intenten dar lecciones de democracia. Es un insulto a la inteligencia. Ahora resulta que los partidos que quieren destruir España y acabar con el ordenamiento jurídico no aceptan que se pueda presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. Entiendo la ignorancia, pero no comparto la desfachatez. Los que acusan de golpismo por utilizar un mecanismo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional son, simplemente, unos ignorantes. Otra cosa es que se coincida o no con lo que se pide, que se considere inoportuno o que se mantenga una lealtad ciega con lo que hace el Gobierno, pero no todo debería valer en política para descalificar al adversario. Sánchez, los dirigentes socialistas y sus palmeros mediáticos se equivocan al atacar al Poder Judicial y a la institución que tiene que interpretar nuestra Constitución. Es un despropósito. No me extraña que lo hagan las acólitas de Pablo Iglesias, los condenados por sedición y malversación o los herederos de ETA, pero nunca debería hacerlo el presidente del Gobierno.

Los medios de comunicación controlados por los millonarios socialistas Joseph Oughourlian y Miguel Barroso deberían ayudar a poner sentido común en la crisis institucional que vive nuestro país. La realidad es que el PP no debilita la democracia ejerciendo los derechos que le reconoce nuestro ordenamiento jurídico. Desde luego, no se puede aceptar que la izquierda ataque a los jueces por intereses partidistas. La preocupación socialista por la renovación del CGPJ ha surgido, casualmente, al final de la legislatura y en el momento en que necesita un Constitucional que sea sensible con las cesiones a los independentistas y valide las leyes de adoctrinamiento social. Esta es la clave de lo que estamos viviendo. Estos días escuchamos la utilización del término «soberanía popular» cuando la Constitución se refiere a la «soberanía nacional». No es algo baladí, porque lo que se persigue es acabar con la división de poderes del Estado y consagrar que las Cortes Generales prevalecen sobre la Constitución y el ordenamiento jurídico. Y en la cúspide de esa mutación constitucional tendríamos la presidencia del Gobierno, que como es el resultado de la voluntad «popular» podría gobernar sin ninguna atadura durante los cuatro años de mandato.

La izquierda política y mediática defiende con todo descaro este concepto de rodillo parlamentario sin importarle el incumplimiento sistemático de los compromisos electorales. No me gusta que no se haya renovado el CGPJ, pero no es aceptable que, una vez más, se rompan las reglas democráticas y se descalifique a los vocales. Es insensato afirmar que la derecha política y judicial quiere atropellar la democracia. La doctrina del Constitucional, que no es reciente, es muy clara y habría que respetarla. Al establecerse que se tiene que pactar la renovación es evidente que hay un mandato para que se haga y no se pueden escudar en esa inexistente «soberanía popular». El argumento de que se conspira contra el orden constitucional y la democracia muestra la inseguridad del PSOE y sus aliados políticos y mediáticos. La opción de seguir una deriva populista, como se extiende por Iberoamérica y por algunos países de la UE, es muy preocupante. Me gustaría que el presidente del Gobierno recapacitara y entendiera que no se puede hacer una reforma exprés del Código Penal.

Las cesiones a los independentistas y los filoetarras, así como la debilidad frente a las acólitas de Iglesias, son un grave error que sienta un precedente peligroso. En la hipótesis de que Sánchez no repita como presidente, el centro derecha podría seguir sus pasos y entender que el asalto a las instituciones es un comportamiento legítimo. Nada impediría que se siguiera dinamitando la división de poderes del Estado y elegir el camino del presidencialismo autoritario, porque lo único importante es tener los votos. Por ello, se puede despreciar o descalificar a los que no estén de acuerdo. A partir de ahora será aceptable colocar a familiares y amigos con absoluta desfachatez, así como aprobar leyes de adoctrinamiento o reformar el Código Penal por intereses partidistas. Estoy convencido de que no lo harán, pero es bueno reflexionar sobre ello. La excepcionalidad no puede ser la norma en el ejercicio del gobierno y el esperpento no puede ser una constante en la vida política. Las Cortes tienen que recuperar su papel y el choque institucional no puede ser un instrumento al servicio del radicalismo esperando que produzcan réditos electorales. Hay que respetar a los jueces y a los magistrados del Tribunal Constitucional para que puedan realizar su trabajo con total independencia.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).