¿La amnistía hará más fuerte a España?

Es evidente que no. Hay muchas razones que lo demuestran. Es una derrota del Estado de Derecho y la consagración de la desigualdad al imponer una institución jurídica que otorga privilegios a unos delincuentes políticos. No tiene un encaje constitucional, ya que es una extralimitación del Poder Legislativo. La Constitución no le habilita para asumir la competencia de aprobar una amnistía. En este sentido, hay que recordar que no le otorga un poder omnímodo, ya que se aplica el principio de que solo puede ejercer aquellas competencias recogidas en el texto constitucional. La izquierda política y mediática asume, desgraciadamente, el relato falaz de los independentistas. Por ello, Sánchez deslegitima al Poder Judicial cuestionando que hubiera actuado correctamente y va en contra de sus propios actos, cuando apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y declaraciones, al asegurar que había sido una rebelión, que la amnistía era inconstitucional y se comprometió a entregar a Puigdemont al Supremo para que fuera juzgado por los graves delitos que había cometido. La aprobación de la amnistía es un ataque del líder del PSOE contra la Policía, la Guardia Civil, la judicatura y la fiscalía. No se ha producido una agresión más dura y contundente desde la Transición hasta nuestros días.

El artículo 117.3 CE establece una reserva de jurisdicción en los tribunales, ya que «el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan». A Sánchez y sus seguidores les resulta indiferente. Se rompe la separación de poderes, porque la Cortes no pueden aprobar una ley de estas características. No importa la seguridad jurídica, ya que el legislador borra la ley que el mismo aprobó por un criterio de espurio interés partidista que va en contra del interés colectivo. La exposición de motivos se sustenta en mentiras, se falsea la doctrina del Constitucional y el Consejo de Estado, a la vez que se manipula el derecho comparado. Es un texto legal que se ha ido modificando a conveniencia de los delincuentes. Una vez más hay que recordar que es un procedimiento parlamentario insólito en la Historia de España, ya que no existe precedente de tamaño despropósito.

Ha sido una tramitación tan ridícula y esperpéntica que la propia proposición de ley y sus hagiógrafos proclaman su constitucionalidad. No existe una finalidad legítima que pudiera justificar ni siquiera su tramitación. Una vez instalados en tamaño despropósito se redondea el inusual procedimiento amenazando a los magistrados y los fiscales para que no puedan ejercer el control de legalidad acusándolos de prevaricar si cuestionan la futura ley. Es un burdo intento de politizar la Justicia, que se une a la pulsión autoritaria del sanchismo, en la línea de la estrategia del Grupo de Puebla, así como de las constantes descalificaciones sufridas por magistrados, incluso desde la tribuna del Congreso, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Lo sucedido nos equipara a las prácticas realizadas por los políticos populistas de izquierdas en Iberoamérica. A la gravedad de los ataques se une la reacción indolente de Francina Armengol y la inquietante aquiescencia de Sánchez.

Por supuesto, es conveniente recordar que los diputados constituyentes rechazaron incluir la amnistía en la Constitución. Era una posición lógica y legítima, porque los delitos contra el ordenamiento constitucional ni pueden ni deben ser amnistiados. Cualquier demócrata tiene que sentir repugnancia ante los indultos generales y las amnistías en una democracia consolidada. Otra cuestión distinta es un proceso de transición de la dictadura a la democracia como se vivió tras la muerte de Franco. Estamos asistiendo a un proceso de mutación constitucional que se une a la estrategia de asalto a las instituciones perpetrada por el sanchismo y sus aliados. Es el proceso que los juristas alemanes denominaron «la sustitución constitucional» durante la República de Weimar. Una norma de rango inferior como es una ley procede a modificar la Constitución y las competencias que le corresponden a las Cortes.

La amnistía es una medida que afecta a unas pocas personas y se convierte en una ley singular para los agresores que, sin tener ningún fundamento, se alzaron contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En el contexto de una democracia plena y con un nivel de autonomía que se encuentra entre los más elevados del mundo, decidieron aprobar unas leyes de desconexión y celebrar un referéndum ilegal. Por tanto, no hay un móvil lícito como puede ser una Transición, sino un conflicto artificial basado en mentiras que compra Sánchez para seguir en el poder.

Es, sobre todo, una irresponsabilidad política perpetrada por un presidente del Gobierno que otorga un perdón general que podemos denominar impunidad absoluta. Por tanto, Sánchez ha impuesto que los poderes políticos hagan aquello para lo que no están habilitados, ha socavado los principios de seguridad jurídica, igualdad y proporcionalidad por medio de un fraude de ley como es una amnistía cuyo único fin es conseguir el poder. Ha inventado un derecho que no existía con una medida arbitraria como es la impunidad que otorga una ley de punto final. Los únicos beneficiaros de la amnistía son Puigdemont y Junqueras que han demostrado que la democracia española es una marioneta que está a su servicio. Los socialistas no están siendo leales ni a España ni a su partido, sino a Sánchez y sus intereses personales. No es ningún camino a la reconciliación. No se avanza en la concordia y la convivencia, sino en la mentira. No hace más fuerte a la democracia y a España, pero Sánchez tendrá que asumir las consecuencias de su comportamiento porque su inmunidad no es impunidad y tiene fecha de caducidad.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)