En el siglo XIX era común en España que, con el cambio de gobierno nacional, cesara buena parte de la plantilla de empleados públicos para dar paso a una nueva hornada de leales o serviles al nuevo ejecutivo. Sin tener presente su cualificación o preparación. Este hecho se agrava a partir de 1854. Benito Pérez Galdós recoge en su novela «Miau» la figura del «cesante», en este caso el personaje principal, Ramón Villaamil, que se ve privado de su empleo público con el cambio de gobierno.

El aparato burocrático del Estado estuvo hasta 1918 a merced de los vaivenes ideológicos o políticos de turno. Es en ese año cuando la Administración Pública española asume la necesidad de profesionalizar los cargos y dotarlos de estabilidad laboral a lo largo de su vida de servidor público, blindándolos de cambios políticos.

En Francia, la carrera profesional de un funcionario puede llevarle hasta ocupar el cargo de director general. En España, lamentablemente, es un cargo de confianza que nombra el gobierno entrante, sin tener en cuenta los méritos ni la idoneidad ni los conocimientos requeridos. La estructura de los ministerios contempla, por debajo del ministro, la figura del subsecretario y de los secretarios de Estado, de los que dependen las diferentes direcciones generales.

El Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública indica que en España había al finalizar 2024 un total de 2.961.946 empleados públicos. Con la descentralización del Estado de las Autonomías, el porcentaje bajo la administración central es de tan solo el 18,0 por ciento. Frente al 62,5 por ciento de las comunidades autónomas y el 19,5 por ciento de la administración local (ayuntamientos, diputaciones, cabildos (Canarias) y también consejos insulares (Baleares).

En España, dependiendo de la administración central, los ministerios, organismos autónomos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Justicia estatal, Fuerzas Armadas y agencias estatales engloban a 533.509 empleados públicos, de los que 414.557 son funcionarios de carrera, el 77,7 por ciento.

Las autonomías casi cuadruplican al Estado central en personal: 1.851.279 entre docentes, personal sanitario, cuerpos autonómicos de policía, justicia y personal de gestión administrativa regional. Pero que solo la mitad son funcionarios de carrera; 927.201, el 50,1 por ciento del total.

Los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares o consejos insulares. En este nivel predomina el personal laboral, aunque también hay un volumen importante de funcionarios. Son en total 577.158 empleados públicos, de los que únicamente 200.646 son funcionarios de carrera, el 34,8 por ciento.

En este apartado cabe destacar que las distintas Comunidades Autónomas han absorbido gran parte de las competencias estatales, como es el caso de la Sanidad o la Educación, por destacar aquellas competencias que más trabajadores demandan. En el caso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el otro gran apartado por demanda de fuerza laboral, hay comunidades autónomas que gestionan fuerzas policiales propias, como la Ertzaintza, en el caso de la autonomía del País Vasco, o los Mossos, en la Comunidad Autónoma de Cataluña. A estas policías regionales, habría que añadir los agentes municipales o los agentes forestales. Incluso se da el caso de los Miñones –la policía más antigua de España–, un cuerpo policial dependiente de la Diputación Foral de Álava.

El peso del funcionario de carrera baja en el total de empleados públicos; desde 2018 la caída es constatable en beneficio de otras modalidades de contratación menos objetivas. En 2018, el 55,2 por ciento de los empleados públicos eran funcionarios de carrera. Hoy son el 52,1 por ciento. En estos seis años, las administraciones públicas han contratado a 276.441 personas, mientras que los funcionarios de carrera solo han aumentado en 132.000 efectivos. Lo que apunta a una «colonización» del Estado por afines, en detrimento del mérito y capacidad. De ahí los intentos de colar nuevos jueces con la Ley de Eficiencia Judicial o los cambios en el modelo de acceso a la Administración para los funcionarios superiores. Volvemos al caciquismo del siglo XIX.