Los cobradores de la barretina y la chapela

Cada día que pasa en esta nueva etapa política da más la sensación de que esto se está yendo de las manos. Como si fuéramos cuesta abajo en un vehículo sin conductor y sin frenos, cada vez más acelerado hacia el precipicio, sin que se vea forma de evitar la catástrofe. Se equivocan los que vean catastrofismo en lo que digo. No lo es. El descontrol es manifiesto. Los nacionalistas catalanes y vascos aumentan, de día en día, sus exigencias para seguir sosteniendo a Pedro Sánchez. Este sigue tan campante. No es capaz de confesar con nobleza como hizo Abraham Lincoln: «No pretendo haber controlado los acontecimientos; confieso, por el contrario, que ellos me han controlado a mí». Esa es la pura verdad. Para reconocerlo hay que tener grandeza. No es fácil confesar que el Gobierno de España depende de Puigdemont, Otegui, Ortuzar y Junqueras. Que es su rehén. Se prefiere lo que Tolstói considera más intolerable: vivir en contradicción con la propia razón.

La tramitación de la amnistía, cuyo alcance pretenden extender a los delitos de terrorismo y malversación, amenaza con descoser por completo las costuras de la Constitución. Felipe González se ha visto obligado a salir en su defensa, convencido de que la ley fundamental está sufriendo «un ataque despiadado». La alarma está justificada. El Financial Times ha advertido de que la amnistía amenaza la imagen de España como destino de inversiones. El «caso español» empieza a preocupar seriamente en Bruselas y en Davos. Los funcionarios de La Moncloa y de la sede socialista de Ferraz, cada vez más confundibles e intercambiables, hacen horas extra con Bolaños y la cohorte de asesores, para salvar la situación, cediéndolo todo poco a poco sin que se note demasiado. Mañana los cobradores de la barretina y la chapela pondrán nuevas exigencias sobre la mesa, en un asalto interminable, hasta el batacazo definitivo.

La sensación de descontrol aumenta observando las últimas actuaciones del Tribunal Constitucional en manos de Conde Pumpido, cuya neutralidad e independencia está siendo puesta en duda clamorosamente. El Tribunal Supremo, que condenó al diputado podemita Alberto Rodríguez por pegar una patada a un policía, se ha visto corregido y desautorizado por el tribunal de garantías, en una intervención que suscita gran preocupación y perplejidad, lo mismo que el generoso favor a Otegui. Es el precedente perfecto, la preparación del terreno para la autoamnistía que viene, digan lo que digan los letrados del Congreso. La Justicia sale malparada y acabará sentada en el banquillo, acusada por los delincuentes de la chapela y la barretina.