Colarse

Esta semana la imagen del Gobierno ha quedado señalada por dos episodios relacionados con distintas acepciones de la palabra «colarse», tanto en el sentido de «intentar introducirse a escondidas o sin permiso en alguna parte», como en el de «cometer equivocaciones». Estamos ante un gobierno que quiere hacer en un 2 de mayo lo que nunca osaría en un Aberri Eguna o una Diada. Pero esto no deja de ser una anécdota si lo comparamos con el tremendo tirón de orejas que le ha dado Europa a Sánchez a propósito del asunto de la reforma del delito de malversación a dos meses de que España asuma la Presidencia de la Unión Europea. Ha ocurrido a propósito de la necesidad expresada por la Comisión Europea de que los veintisiete países miembros armonicen su derecho sancionador en relación a la corrupción. Con este fin, la presidenta Von der Leyen presentó el miércoles una propuesta de directiva que exigirá, entre otros a España, el aumento de las penas previstas para sancionar la malversación de caudales públicos, el cohecho y el tráfico de influencias. La medida, que tiene un largo recorrido por delante, es un varapalo para la reforma penal aprobada el pasado mes de diciembre con el indisimulado objetivo de beneficiar y mejorar la situación de los condenados por los gravísimos delitos que tuvieron lugar hace cinco años en Cataluña, cuando un Gobierno autonómico decidió abusar de su propio poder para imponer por la vía de los hechos y saltándose todas las leyes, es decir de forma totalitaria, un proyecto político de carácter identitario y supremacista. En su propuesta, Europa establece como «máximo mínimo» una pena de cinco años de cárcel. Ese mandato quedaría incumplido por culpa de la cesión ante ERC, que propició la aprobación de dos nuevos tipos atenuados de malversación, rebajando a un máximo de tres años de cárcel la condena para quien destinase dinero público a un uso privado si no hubiese ánimo de lucro o enriquecimiento personal, y a un máximo de cuatro para quien lo dedicase a un objetivo diferente del que originariamente estaba previsto. La reforma, realizada de forma expresa para favorecer a los cargos de ERC y Junts que pagaron la consulta ilegal con fondos de la Generalitat, incumple de manera frontal el objetivo armonizador, impulsado en un momento en que la preocupación de la Comisión por la gestión de los fondos europeos en todos los países, y de forma especial en España, ha crecido. Mal momento para que Europa nos perciba como un refugio de corruptos, sobre todo después de exhibir durante los últimos meses la condescendencia legal con violadores y agresores sexuales que provocó otra torpeza legislativa. En cualquier caso, ha quedado desmontada la gran mentira del Gobierno, que argumentó que rebajar la malversación adaptaba nuestra realidad penal a la del resto de países europeos, algo radicalmente falso. Y también ha quedado demostrada su insolvencia jurídica, porque Europa se suma a la brillante argumentación de la Sala Penal del Supremo, que en enero acordó que la reforma del Gobierno no podía aplicarse a los condenados del «procés». A este paso, nuestro Código Penal será un instrumento punitivo inspirado en un derecho penal del amigo y no del enemigo, un derecho penal a la carta del socio de gobierno que delinque para aminorar sus consecuencias penitenciarias. La secuencia que empezó con los indultos de la vergüenza, culminada con la rebaja del de malversación, ha quedado totalmente al descubierto, como en la parábola de un gobierno que nunca apareció por Madrid para arrimar el hombro cuando hubo dificultades, pero se sintió atraído por las medallas y los desfiles.