Ahora, privaticemos Aena

Toda empresa pública es un foco potencial de corrupción. Allí donde los presuntos intereses generales se mezclan con los muy reales intereses personales, se corre el riesgo de que se instrumenten los recursos públicos especialmente, el dinero del contribuyente) en satisfacer las agendas particulares de aquellos que de facto marcan el rumbo de la empresa pública. Tomemos el caso de AENA, nuevamente de actualidad tras la dimisión de su presidente José Manuel Vargas tras cinco años al frente. La compañía fue parcialmente privatizada en 2015: en concreto, el Estado decidió retener el 51% de la propiedad del gestor aeroportuario y vender, por un lado, el 28% del capital a los inversores en el mercado bursátil (a través de una OPV) y el 21% a un «núcleo estable» de accionistas compuesto por varios bancos y fondos de inversión (The Children’s Investment Fund Management, Bank of America Corporation, Morgan Stanley, etc.). Dado que el grupo estable de accionistas fue seleccionado no por el mercado sino por procedimientos políticos y dada la fuerte revalorización que han sufrido los títulos de AENA desde entonces, ¿podemos estar seguros de que se no se optó por malvender la compañía a ciertos grandes inversores para luego cobrarse el regalo mediante otro tipo de favores a los impulsores de esa privatización?

Evidentemente, éste no tiene por qué haber sido el caso, pero el estatus de empresa pública posibilita que lo haya sido. O tomemos la reciente adquisición frustrada de Abertis por parte de AENA: ¿tenía semejante operación verdadera lógica empresarial o su auténtico cometido era simplemente el de crear un mastodonte corporativo para mayor gloria y lucro de su equipo directivo? Las dudas sobre la honestidad y conveniencia de todas estas operaciones, tan típicas en el día a día de cualquier gran empresa, resultan inevitables cuando colocamos al sector público por el medio. De ahí que, aprovechando el cambio del equipo gestor y la reorientación estratégica de la compañía, debamos también proceder a su inmediata privatización total: esta vez, mediante procedimientos transparentes y abiertos. No más contubernio de intereses privados y medios públicos. Competencia y libre mercado.