Antes, cumplirla

Circulan dos tópicos sobre la reforma constitucional. Uno aplaude por sistema la juventud y el vigor el texto constitucional y despacha la idea de su reforma con un manido «ahora no es el momento». El otro se queda en algo obvio: no puede haber reforma sin consenso, bien sea un amplio consenso u otro parangonable al de 1978. Como se recordará entonces hubo partidos, como el PNV, que no votaron a favor de la Constitución.

No me decanto por ninguna de estas posturas y la razón es que antes habría que saber qué se quiere modificar. Despejada tamaña incógnita es cuando podría ventilarse si realmente es necesaria la reforma constitucional. Desde luego prefiero que se reforme antes de seguir con la práctica de las reformas encubiertas, es decir, se dicta una ley contraria a la Constitución –o sospechosa de inconstitucionalidad– y se deja a un Tribunal Constitucional, propicio a la mayoría autora de la ley, que diga que es constitucional.

Lo primero sería, por tanto, saber qué se reformaría y lo segundo consensuar la reforma de lo que se querría reformar. Como se ve exijo mucho, pero es imprescindible pues el régimen de reforma que prevé la Constitución es rígido, de una rigidez variable, pero rígido, lo que disuade de aventuras a la venezolana y evita que un partido se inmole en tal aventura. Pero depende de lo que se quisiera reformar: no es lo mismo la reforma total o de los derechos y libertades, para lo que se rige la máxima rigidez, que otra reforma que un partido como el actual podría acometer.

Puestos a pedir apuntaría como posibles reformas las siguientes: la reforma del sistema electoral, para acercar nuestro sistema de partidos a un régimen abierto, que evite su deriva en fines en sí mismos y ahuyente la partitocracia; reformaría el Título dedicado al Poder Judicial, para garantizar su independencia y en concreto, el sistema del elección y funcionamiento del Consejo del Poder Judicial que, como el Tribunal Constitucional, debería alejarse del control del poder político; habría que modificar algo de lo que ya se ha hablado muchas veces, como es la igualdad hombre y mujer en la sucesión de la corona así como qué hacer en caso de enfermedad o incapacidad temporal del monarca.

En cuanto a derechos y libertades fundamentales puede parecer que pido imposibles, pero pido lo que en otros países se ha constitucionalizado: reforzaría la protección a la familia; la libertad de los padres para educar a sus hijos; protegería la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural o que el matrimonio lo es entre un hombre y una mujer o que si la Iglesia Católica recibe un trato especial lo es por su arraigo histórico e implantación en la sociedad española.

Con todo, lo que más intensa reforma necesitaría es el Título VIII, es decir, el Estado autonómico. Aquí el consenso sería muy fácil o muy complicado: depende de algo tan de Perogrullo como saber qué entienden por España nuestros partidos políticos. Sea lo que sea lo prioritario sería una reforma sostenible en lo económico y presupuestario, que dejase bien clara la unidad de España, la igualdad de todos y evitar aventuras federalistas. Iría a un claro reparto de competencias entre el Estado y autonomías y que el primero recupere competencias que jamás debió perder, bien directamente, bien mediante la cláusula subrogatoria.

En este aspecto lo peor sería una reforma ad hoc para contentar a los hoy ya nada disimulados partidos independentistas vascos y catalanes. Esto ocurriría si ante la evidencia de que fuera de España y de la Unión Europea, ni Cataluña y el País Vasco tendrían salvación, ni serían viables, se pactase una reforma que garantizase a esas regiones una situación parangonable a la independencia pero permaneciesen vinculados a España para así seguir en la Unión Europea y contar con el auxilio del Estado en caso de desastre económico.

Pero en todos los aspectos, especialmente en la cuestión territorial cabe una tercera vía: ¿y si antes de reformar la Constitución se plantease cumplirla y hacer cumplirla? Tiene muchas posibilidades aun inéditas a las que el Estado puede acudir para evitar locuras independentistas. Quizás fuese más eficaz y responsable.