El Constitucional ante el aborto

Pese a los vítores en las filas de la izquierda, la batalla del aborto no ha terminado, sólo ha cambiado de escenario. Ahora le toca el turno al Tribunal Constitucional, que desde hace cuatro años tiene sobre la mesa dos recursos contra la «Ley Aído» presentados por el PP y por el Gobierno navarro. Si los magistrados hubieran sentenciado en tiempo y forma, Ruiz-Gallardón aún sería ministro de Justicia, el Gobierno no habría decepcionado a parte de sus votantes y todos los partidos sabrían a qué atenerse, en vez de avivar la crispación en una sociedad recalentada por la crisis. Pero ya no hay excusa para que los jueces no cumplan su deber de dictaminar con diligencia si la ley de plazos se ajusta o no a la Constitución. Y a partir de ahí, empezará otra historia.

En el arte de la política la primera regla es medir los tiempos con sentido de la oportunidad. Precisamente el que no han tenido ni Gallardón, ni el Gobierno, ni el PP. Han sido atropellados como unos principiantes por el calendario electoral. Tampoco han demostrado habilidad ni fineza para defender desde el poder unos principios éticos que reivindicaron con fervor en la oposición. Le honra al ex ministro haber sido leal a los compromisos del partido, pero tal vez debió emplear la misma táctica que con el matrimonio homosexual: no mover ficha hasta que el TC se pronunciara. En aquella ocasión, el PP neutralizó un debate interno de alto voltaje trasladando a los magistrados la carga de la prueba. A Gallardón le agradó la sentencia y pudo cumplir una de esas promesas que le hacían tan popular entre la progresía: ser el primer alcalde de Madrid en oficiar un casamiento gay. Por qué no aplicó al aborto el mismo recorrido procesal es una enigma aún más indescifrable cuanto su padre, José María, batalló con acierto para que el Constitucional sentara doctrina a favor del no nacido. De ahí que al PSOE le aterre la perspectiva de que el tribunal concluya lo que el PP ha dejado en la estacada, como demuestra que varios dirigentes se hayan lanzado a degüello contra el prestigio de los magistrados. Incluso Rubalcaba ha vuelto de ultratumba para avisar de los grandes males que caerán sobre la democracia si el TC no bendice la «Ley Aído», aprobada, por cierto, sin consenso. Los socialistas corren el peligro de actuar como los separatistas catalanes, los cuales no aceptan que sus leyes contengan taras inconstitucionales, sino que los tarados son los jueces. Demonizan al intérprete para encubrir la mala calidad democrática de sus textos. Haría bien Pedro Sánchez en poner coto a la cacería contra el Constitucional, sobre todo porque da munición al secesionismo en el momento más crítico para el Estado.