El gran despropósito

Los días pasan y se afianza la opinión de que se ha actuado con una desmesura inusitada contra el ex vicepresidente y ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato. Es un gran despropósito que produce tanto estupor como vergüenza. La situación de indefensión ofrece la imagen de una Hacienda Pública implacable que actúa como si fuera una operación antiterrorista o la urgencia en detener a un peligroso líder de un cártel de la droga. Lo inquietante es que se desarrolló al margen del Gobierno y, por supuesto, del sentido común. No hay ningún elemento que justifique la desmesura con que se ha actuado contra Rato. Por supuesto, la filtración de los datos sobre su regularización fiscal, algo que nunca había sucedido con estas características y ensañamiento, refleja que el objetivo de la operación era destruirle personal, política y empresarialmente. Se hizo con una espectacularidad propia de una operación contra un peligroso delincuente y cabe preguntarse si es una actuación proporcional.

El asalto se hizo aprovechando la presencia de sus hijos menores, que vieron cómo su padre era detenido por un tema de carácter fiscal. Ni siquiera estamos hablando de corrupción, porque es la discrepancia entre un contribuyente y la Hacienda Pública. No importa la relevancia social de la persona, porque todos tenemos que ser iguales ante la Ley. ¿Las personas investigadas por la regularización fiscal han de temer que aparezcan en sus casas unidades del Servicio de Vigilancia Aduanera, las detengan, entren en sus despachos y se lleven toda la documentación de forma indiscriminada? ¿Los jueces van a actuar como fieles servidores de una nueva inquisición tributaria manejada al margen del Gobierno de España y emitirán las órdenes de detención y registro como si fueran papeletas para una rifa? Es todo muy inquietante. La igualdad ante la Ley y la seguridad jurídica son elementos consustanciales al Estado de Derecho. La quiebra de ellos nos sitúa en un escenario preocupante, porque estamos en un año electoral y parece que hay una operación para expulsar a Rajoy y el PP del Gobierno.

El otro aspecto de la operación de acoso y derribo contra Rato es precisamente el objetivo político que esconde y que resulta tan evidente que hace necesario que el Gobierno tome buena nota. Rato es la excusa para acabar con Rajoy. Al daño personal irreparable que ha sufrido el ex vicepresidente tanto con las filtraciones como con la operación policial y fiscal, se une precisamente el fin partidista que perseguía esta campaña.

Rato es un contribuyente cuyos derechos se han vulnerado de forma inmisericorde. No se le ha dado la oportunidad de aclarar las diferencias o discrepancias que pudiera tener en materia tributaria, ni ha podido defenderse en el trámite de inspección, ni ha tenido la posibilidad de pagar la deuda tributaria antes de enviarlo al juez. Hasta ahora yo estaba convencido de que el objetivo de Hacienda era recaudar dentro de la legalidad y no meter a la gente en la cárcel. ¿Por qué ha actuado la fiscalía con este ensañamiento? Los propios fiscales estaban estos días estupefactos. No he encontrado ninguno, al margen de sus ideologías, que considere que la operación tenga algún sentido. La requisa de la documentación es otro despropósito que genera absoluta indefensión y muestra la voluntad de hacer una causa general contra Rato. Se le priva, además, del derecho constitucional a la defensa. La generalización de este sistema significaría que cualquier persona acusada de delito fiscal podría ver cómo se le requisa toda la documentación y se le impedía la posibilidad de defenderse. La actuación de Vigilancia Aduanera en una operación de estas características es tan excéntrica como inusual, porque no hay precedentes. ¿Por qué no lo hizo la Guardia Civil o la Policía? ¿Por qué se quiso impedir que el Gobierno tuviera información de lo que sucedía? El trato dispensado fue vejatorio y humillante. Es sorprendente, porque la inspección de Hacienda trata siempre con exquisita corrección a cualquier ciudadano, aunque existan indicios de un delito fiscal. Finalmente, se violó la presunción de inocencia y el deber de confidencialidad.