José Antonio Ballestero, vocal del CGPJ: "Rebajar las mayorías para renovar el Consejo no es acorde con un Estado de derecho moderno y consolidado"

Con la atascada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de nuevo en primer plano de la actualidad política, José Antonio Ballestero, magistrado y vocal de la institución, aboga por «volver al sistema de elección de los vocales judiciales por los jueces, como dice Europa». Y es que, defiende, una posible renovación que rebaje las mayorías parlamentarias «no iría en la dirección correcta».

El Gobierno está dispuesto a renovar el CGPJ dejando al margen al PP si persiste el bloqueo. ¿Qué supondría para el Estado de derecho optar por esa solución que ya frenó Europa en la anterior legislatura?

No iría en la dirección correcta. Las reformas que afecten a la Ley Orgánica del Poder Judicial deben estar presididas por el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas, porque el Poder Judicial es uno de los pilares básicos del Estado de derecho. Además, tendría que estar presidida por los estándares europeos. La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene exigiendo que por lo menos la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos por sus pares. Estas dos son las líneas maestras que se deberían respetar, y me parece que una reforma de la Ley Orgánica en el sentido que parece se quiere proponer no sería acorde con estos criterios básicos de un Estado de derecho moderno y consolidado.

Según el último CIS, más del 80% de los españoles ve necesaria la reforma de la Justicia. ¿Cree que desde el Ejecutivo se está preparando el terreno para rebajar las mayorías necesarias para la renovación del CGPJ?

Pues quizá puede ser así, porque las encuestas de las que nosotros disponemos, la última de 2021 hecha por Metroscopia, en una situación de normalidad y no de estrés político como el que se vive estos días, nos indican que el 84% de los españoles cree que todos los gobiernos, con independencia de sus colores políticos, suelen estar más interesados en tratar de controlar la Justicia que en proporcionarle los medios necesarios para que funcione de una manera eficaz. Además, en esa encuesta el 68% de los españoles considera a los jueces como la garantía última de los derechos fundamentales. Por lo tanto, no coincide con lo que se nos dice ahora.

La reacción de Pedro Sánchez a la decisión judicial de investigar una denuncia contra su mujer ha redoblado los ataques al Poder Judicial. ¿Le sorprende?

Me ha sorprendido porque pienso que, como cualquier otro ciudadano, si efectivamente ve conculcados sus derechos y cree que con él se ha cometido una injusticia, lo que debe hacer es acudir a los mecanismos que el Estado de Derecho tiene establecidos para defender los derechos y los intereses legítimos de todos los españoles con plena igualdad ante la ley. Si considera que hay algún tipo de «lawfare», que en España no lo hay, ni muchísimo menos, o que un juez se ha equivocado en su resolución, ahí está la posibilidad de personarse en las causas e interponer recursos. O, en última instancia, incluso si se piensa que un juez ha prevaricado, porque los jueces también podemos cometer delitos como cualquier ciudadano, existen las pertinentes acciones para que la situación se corrija.

"Lawfare"

El presidente del CGPJ calificó de «desproporcionada» esa reacción del presidente. ¿Comparte esa impresión?

Sí, efectivamente, sobre todo la encuentro desproporcionada porque entiendo que el presidente del Gobierno debería someterse a los mismos criterios y reglas que el resto de los españoles.

Las acusaciones de «lawfare» afloran de nuevo, como sucedió a cuenta de la amnistía. ¿Qué daño ocasionan a la Justicia?

El daño a la Justicia es grave, pero no es irreparable. En el momento en que volvamos a situaciones de menos tensión política confío en que se restablecerán plenamente los equilibrios de poder entre las distintas instituciones, conforme a la Constitución. No creo ni muchísimo menos que pueda existir un daño irreversible. La ciudadanía española es lo suficientemente madura como para entender las situaciones que estamos viviendo.

¿Debe el CGPJ salir en defensa del juez Peinado aunque él no pida formalmente el amparo?

La ley determina que debe ser el juez que se sienta inquietado o perturbado en su independencia quien solicite amparo al Consejo. Si lo pidiera, se estudiaría como con cualquier otro juez. No parece que el Consejo pueda en principio actuar de oficio.

Ataques a los jueces

¿Está en riesgo el Estado de derecho en España?

Como hipótesis podría estarlo, pero la Constitución tiene los suficientes mecanismos institucionales como para que el Estado de derecho acabe prevaleciendo, porque es la salvaguarda de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Si estuviera en grave riesgo, lo estarían también los derechos de todos los ciudadanos. Y eso no va a pasar.

El CGPJ lleva más de cinco años en funciones, entre reproches cruzados de PSOE y PP. ¿De quién es la culpa?

Una cosa está clara, no es de los vocales. La causa última es una mala Ley Orgánica del Poder Judicial que desde 1985 establece que los vocales jueces tengan que ser elegidos también por las cámaras con unas mayorías que son muy difíciles de alcanzar. Esto estaba bien en aquel momento, cuando no había la polarización que hoy sí existe en la política española, con una falta total de confianza entre las propias fuerzas políticas. Con el sistema de votación de los jueces por los jueces esta situación de bloqueo no se habría producido. Por lo tanto, la responsabilidad es de una mala legislación y de una sentencia del Tribunal Constitucional que en 1986 avisó de que no se politizara el sistema. Y en esa confianza se sustentó la legalidad del actual sistema de elección parlamentario. Sin embargo, lo hechos han venido a quitar la razón al Tribunal Constitucional, por lo que podríamos decir que se ha producido una inconstitucionalidad sobrevenida. La solución sería volver al sistema de elección de los vocales judiciales por los jueces, como dice Europa.

La reforma que impide al CGPJ llevar a cabo nombramientos judiciales ha provocado que las vacantes judiciales se acerquen ya al centenar. ¿Debería dar marcha atrás el Ejecutivo?

El Gobierno ya dio marcha atrás en su momento cuando se reformó de nuevo la ley que dice que el Consejo sigue teniendo las facultades para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Es el propio Parlamento quien se desdice a sí mismo y desmonta cualquier argumento favorable que pudiera existir a esa ley 4/21 que limita esas funciones. Desde esta ley el Consejo no puede ejercer sus funciones constitucionales. El daño que se está haciendo es palmario, fundamentalmente al Tribunal Supremo, donde ahora mismo hay muchísimas vacantes.

Bloqueo

¿Le sorprendió que el Tribunal Constitucional la avalase?

Me sorprendió porque en el fondo lo que subyace es establecer un paralelismo entre el Congreso en funciones, cuando el Gobierno convoca elecciones, y el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno se debe a la confianza del Parlamento y si se convocan elecciones no hay Cortes Generales. Pero eso no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución sobre las relaciones entre el CGPJ y las Cortes. Primero, los mandatos son claramente diferenciados. Pero no solamente eso, sino que los jueces no responden ante el Parlamento, de ahí que sea impensable que puedan existir comisiones de investigación. Esa similitud no tiene base constitucional. Además, la sentencia desconstitucionaliza el Consejo al abrir la puerta a una posible renovación por una sola de las cámaras.

Una renovación del CGPJ sin el compromiso de modificar después el sistema de elección de los vocales, ¿es una opción?

Podría ser una opción. El problema es que la confianza entre las fuerzas políticas ha desaparecido en este momento de gran crispación política. Además, una determinada fuerza política ha dicho que bajo ningún concepto admitiría el sistema de elección de los doce vocales judiciales por los propios jueces.

El CGPJ vive una situación insólita. A este Consejo se le ha llamado de todo. ¿Cómo se convive desde dentro de la institución con esas críticas?

Somos estoicos. Los vocales no somos responsables de la situación. Lo vivimos con estoicismo y con entereza, como corresponde a cualquier persona que tiene una representación institucional.

El Pleno del CGPJ se pronunció en contra de la ley de amnistía. ¿Es inconstitucional?

Se ha dicho por activa y por pasiva. Infringe el principio de igualdad entre los españoles, vulnera la prohibición de arbitrariedad y, con los automatismos que marca la ley, se impide la actuación judicial. El juez tiene jurisdicción para juzgar y hacer ejecutar los casos en toda clase de procedimientos. Esta excepción al principio de integridad jurisdiccional no está en la Constitución.

Reforma

¿Cree que hay argumentos para que la Justicia europea revierta esa amnistía en el futuro?

Puedo haberlos, porque la amnistía puede ser considerada un ataque al Estado de derecho y porque pudiera afectar a delitos de terrorismo y malversación que no parece que ni el derecho de la Unión Europea ni los tratados internacionales puedan considerar amnistiables. Y sobre todo, lo ha dicho la Comisión de Venecia, porque en el proceso legislativo se tendría que haber dado cabida a la mayor parte de la sociedad española. Y, sin embargo, es fruto de un pacto de investidura, no se ha dado cabida ni al Consejo de Estado ni al CGPJ y se ha tramitado por la vía de urgencia, pudiendo incluso haberse limitando los derechos de participación política.

Con la independencia de la Fiscalía en entredicho, gobierne quien gobierne ¿dejar en manos de los fiscales la instrucción de las investigaciones le genera intranquilidad?

Con el actual Estatuto Fiscal, hay un solo fiscal en España, que es el fiscal general del Estado, dado que los demás están sometidos a los principios de unidad y jerarquía. Si la instrucción se deja en manos del fiscal general habremos asistido a una recentralización absolutamente inédita de competencias. Sería quizás la persona más poderosa de España, sin lugar a dudas. Decidiría cuándo se abre un procedimiento y cuándo se cierra y se mermaría la acción popular. No me parece el momento más oportuno para una reforma de tan grandísimo calado. Sería necesario reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal para que hubiese una mayor participación en principios de descentralización y autonomía.

Un deseo para el próximo Consejo.

La renovación se tiene que producir. Desde luego, les deseo muchísima suerte. Estoy completamente seguro de que ejercerán sus funciones con pleno sometimiento a la Constitución y a la ley.