El poder de la breva

La Razón
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Con la contundente victoria en las urnas –victoria afligida por el tirano torturador Maduro–, el control de la documentación secreta del chavismo ha perdido su dominio. Y están apareciendo los primeros papeles. El del contrato firmado por Chaves por el que se entrega a CEPS –Podemos– siete millones de euros para «impulsar cambios políticos» en España no será el único documento que aparezca. Pero es el primero que demuestra, además de la traición, un delito fiscal que es de esperar despierte a la Fiscalía y al Ministerio de Hacienda. A esos millones bolivarianos hay que sumar las sistemáticas transferencias iraníes a la productora de Iglesias y al bolsillo de Iglesias, que no todo se ha invertido en cámaras y en pagos en régimen de explotación humana a los trabajadores de «La Tuerka». Puede resultar interesante que en las próximas semanas el pobre Sánchez firme un pacto con un dirigente que ha llamado «asesino» a Felipe González, que propugna la escisión de Cataluña de España, que pide la amnistía para un cafre violento, que celebra la libertad de un terrorista y que ha montado su tinglado de destrucción de España y su sistema, con el dinero que le han entregado los dictadores de Venezuela y la siniestra teocracia iraní. Puede resultar interesante contemplar en el papel las firmas del pobre Pedro Sánchez y el más rico Pablo Iglesias, que no apoya el pacto antiyihadista, ni defiende la libertad de los presos políticos venezolanos. Puede resultar interesante el silencio y la inacción de muchos dirigentes socialistas, que, ante un hecho consumado de desprecio a la democracia, prefieran callar y sustentar el pacto con los receptores del dinero extranjero para evitar unas nuevas elecciones poco prometedoras para el pobre Sánchez y el más rico Pablo Iglesias. Interesante se me antoja el inmediato porvenir.

La noticia que ha merecido la portada de ABC, en cualquier nación medianamente preparada para aplicar las leyes sin temores ni complejos, ya estaría en manos de la Fiscalía. Más aún, cuando el propio Iglesias, en recientes tiempos en los que no podía imaginar el torrencial caudal de votos que obtendría su formación política, reconoció públicamente que el dinero recibido de Irán no tenía otro objetivo que desestabilizar a España y al sistema democrático, con un proyecto paralelo que afectaba directamente a la Constitución, la Corona y las Fuerzas Armadas. No obstante, con plenitud de poderes y una mayoría absoluta en el Congreso y el Senado apoyando al Gobierno, el gabinete de Rajoy no consideró oportuno que la Fiscalía investigase tan clamorosa irregularidad, por no escribir tan clamoroso delito.

Las pruebas –la primera prueba que se ha escapado de los archivos chavistas– ya están aquí, con la firma autógrafa de Chávez. Y si no se produce una reacción inmediata de la Fiscalía, tan acelerada en otros casos de mucha menor importancia, podríamos asumir los españoles lo que ya es una extendida sospecha. Que, en España, el incumplimiento de las leyes por parte de las formaciones de izquierdas cuenta con la colaboración benevolente de un amplio sector de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Judicatura.

Es decir, que nuestro Estado de Derecho es una ilusión malograda por los sesgos ideológicos de quienes están obligados a hacer cumplir con las leyes.

El jueves se reunirán, como si nada hubiera sucedido, el pobre Sánchez y el más rico Iglesias. Y lo harán poniendo sobre la mesa el pacto de la desvergüenza y la traición. En un Estado de Derecho se habría cancelado la cita en beneficio de otra reunión. La del responsable de recibir los dineros de las tiranías con el juez. Pero no caerá esa breva.