La buena justicia

Que nuestro sistema de justicia requiere de una actualización a nadie se le escapa, pero cualquier actuación en este sentido debe partir de una valoración objetiva de cómo ha funcionado en los últimos años, especialmente desde la consolidación de nuestra democracia. La justicia como actividad generadora de hechos, acontecimientos y especialmente resoluciones es tributaria de la actualidad y de los hechos coetáneos a la valoración que se haga. Esta en gran medida depende de la valoración que al respecto hagan los medios y, en especial, una suerte de personajes que pululan por los mismos, algunos de los cuales, bajo un pretendido y resabiado conocimiento del derecho, pontifican, valoran y en definitiva enjuician la labor judicial desde una autoridad de la que carecen, envolviendo la noticia con una pésima y la vez irresponsable opinión, que es más fruto del atrevimiento que de una serena reflexión. Como consecuencia de ello, en ocasiones se trasmite a la opinión pública una inexistente instrumentalización política de la justicia, se hacen injustos y deleznables juicios de intenciones, lo cual a la postre conforma una opinión publica muy negativa con sus Tribunales. Paralelamente no hay esfuerzo alguno por valorar la actuación de nuestro sistema en esta historia democrática, no se pone en valor que este sistema de justicia, en teoría tan sensible al poder político, investigó, enjuició y condenó actos de corrupción del actual partido de la oposición cuando era partido de gobierno; investigó y condenó actos del denominado terrorismo de estado con condenas que han afectado a las más altas instancias de la administración y poderes públicos, y que, en la actualidad, está investigado acciones relacionadas con actividades del actual partido de gobierno. Esta justicia ha provocado la condena de personas con poder político, económico y social de gran trascendencia. La cuestión es por qué no se hace de vez en cuando esta valoración histórica y actual con perspectiva y se pone en valor un sistema de justicia cuyos fiscales y jueces no han dudado en aplicar la ley en momentos de máxima tensión política y ello con una independencia de criterio inusitada en casi toda Europa. Cuando se viaja por el extranjero y se valora la actuación del Poder Judicial español, los adelantados en esta materia destacan estas actuaciones y se asombran de la rabiosa independencia de nuestro modelo de justicia que tanto se denigra en España. La justicia española encarnada en profesionales solventes e independientes se ha defendido siempre del manoseo que puede intentar algún sector del poder político cuando se ve afectado por su actuación y, en definitiva, las responsabilidades siempre han sido dilucidadas y ya va siendo hora de que esto se ponga en valor, sustrayéndonos de comentarios tertulianeros que poco o nada aportan en la conformación de una opinión pública formada e informada. En esta misma línea se resolverán los conflictos jurídicos que ha traído la crisis catalana en forma de presuntos delitos y por ello, la sociedad debe estar tranquila. Se hará justicia con el resultado que la ley y la aplicación de la misma determinen. No habrá ni impunidad, ni venganza, tan solo justicia.