La libertad tiene límites

Se han terminado las bromas. La libertad de información y expresión goza de la máxima protección constitucional. Pero como todo derecho a ejercerla tiene sus límites. Especialmente cuando bajo el pretexto de su disfrute pleno y sin cortapisas se amparan conductas lamentables como la difamación, a saber: el ánimo de dañar, de acusar a una persona de hechos falsos que pueden afectar a su honor, su dignidad o su reputación. Y éste es el caso.

Es la propia ley de leyes la que tasa en su artículo 18 que todo ciudadano –también si ha sido expresidente del Gobierno, también si se apellida Aznar– tiene derecho a la salvaguarda de su imagen. Y eso es simplemente lo que busca una querella anunciada en tiempo y forma contra los que atribuyen al mejor mandatario que ha tenido la España democrática nada menos que ser el cerebro de un sistema de pagos irregulares cuando no de haberse beneficiado del mismo. ¿Dónde están las pruebas? ¿O no hacen falta? ¿Somos conscientes de lo que esto de verdad supone?

Nadie puede permanecer impasible ante ataques de tal gravedad y calaña, nadie que esté absolutamente convencido de su inocencia. Es así. A las especulaciones toca responder con frecuencia con algo más que la indignación o la reprobación pública o un simple mentís. Para eso están los tribunales. Para poner a cada uno en su sitio. Para que ni salga gratis ni pueda quedar impune una mancha generada por un irrefrenable torrente de calumnias. El poder, de otro lado, inviste a aquel que es capaz de transformar las palabras en hechos consumados. Y Aznar, en estado puro, marcando un antes y un después, vuelve a demostrar cómo y por qué entiende los sagrados engranajes poder.