José Antonio Álvarez Gundín

La mano en la caja

A Pablo Iglesias se las ponen como a Fernando VII, en especial la carambola del rescate bancario. La noticia de que a los contribuyentes nos ha costado 11.500 millones de euros la venta de Catalunya Banc resulta letal en manos de los populistas, cuyo eslogan «Hay dinero para rescatar a los bancos, pero no para rescatar a las personas» les ha granjeado millones de votos. El argumento es falaz, pero hace estragos en unos ciudadanos que, además de apaleados a impuestos, tienen que pagarle la cama a los incompetentes. Lo cierto es que la intervención de las cajas de ahorro fue una decisión necesaria por dos razones: porque había que defender los derechos de los ahorradores, en su mayoría jubilados, pequeños comerciantes y familias; y porque estaba en juego la estabilidad del sistema financiero español. Si se hubieran dejado caer a las entidades en quiebra, el dinero de millones de españoles se habría volatilizado y la economía habría colapsado. A su lado, el escándalo de las preferentes sería irrelevante. Rescatar Bankia o Catalunya Banc no era una opción, era una obligación. Ahora bien, los responsables de esta catástrofe financiera no pueden irse de rositas. Por mucho menos, por estafar 35.000 millones de euros, Madoff purga 150 años de cárcel. El coste del rescate en España asciende a 62.000 millones de euros. Sin embargo, cinco años después de haber estallado la primera caja, aún no se han fijado las reponsabilidades penales de los gestores ( llámense Narcis Serra, Todó, Blesa, Moltó o como sea), quienes, aparte de cobrar suculentos sueldos, se jubilaron con pensiones multimillonarias. Los españoles están haciendo grandes sacrificios para que el país salga adelante y tienen todo el derecho a exigir que el Banco de España, el Frob, la CNMV y Hacienda lleven ante la Justicia a los culpables del desastre. Ellos sí pueden.