La profanación de la política

Es politóloga, partisana, concejala y portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Se llama Rita Maestre, 26 años, madrileña, del barrio de Ventas, de familia católica, y está acusada de un delito de ofensas al sentimiento religioso por participar activamente en una protesta en el año 2011 contra la capilla católica de la Universidad. Según el fiscal –que pide para ella un año de cárcel–, el grupo invadió el templo donde había personas orando, después ocuparon el altar y, entre otras cosas, la activista se desnudó de cintura para arriba. Pretendían, por lo visto en nombre del laicismo, excluir las manifestaciones y los espacios religiosos de la Universidad, con el argumento de que éste es un Estado aconfesional. Se trata de una discusión abierta y más compleja de lo que diga el oráculo de los podemitas en «eldiario.es». Se puede hablar de esto hasta llegar a acuerdos razonables. Sin ir más lejos, la Constitución obliga al Estado expresamente a mantener «las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica». Lo que no es de recibo es la forma de la protesta, que ha herido los sentimientos de muchos, incluidos seguramente los padres de la acusada. También los de «Contrapoder», a los que pertenecía Rita Maestre, tienen un local para sus actividades revolucionarias cedido por la Universidad. Conviene ser consecuentes. Las guerras contra la religión en España nunca han dado buen resultado.

La partisana, concejala y portavoz dice que no dimite ni se arrepiente y que cuenta con la complicidad de la jueza-alcalde, que le ha aconsejado que para evitar la condena del delito que se le imputa tiene derecho a mentir. Con este sabio consejo, ella niega los hechos. El jefe de Podemos la apoya, argumentando que la imputación sólo obliga a dimitir en caso de corrupción. Todo se reduce a un «tamayazo» desestabilizador. Pero el caso es que en todos los países democráticos si un político miente, aunque sea para evitar la trena, tiene que dejar el cargo. O sea, que la dimisión de cualquier político es obligada no sólo por meter la mano en la caja común, que por supuesto, sino por mentir y por otras imputaciones. Cientos de miles de madrileños no se sienten ya representados por semejante personaje ni por la recién constituida corporación municipal. El desgaste es galopante. El caso de Rita Maestre, lo mismo que el de Guillermo Zapata y Pablo Soto, está perjudicando seriamente la imagen regeneracionista de Podemos y de Manuela Carmena. En cualquier país serio de nuestro entorno democrático, los tres estarían ya fuera del Ayuntamiento. Es natural que las tornas de la crítica se vuelvan contra ellos. ¿Qué esperaban? Son los principales responsables de la desestabilización municipal. En las redes sociales se habla ya de «chusma» en las listas de la nueva formación política, de «caterva», de «calaña» y otra lindezas, que no desmerecen nada de la «casta». De la profanación de una capilla se ha pasado a la profanación de la política.