La Valldecabres tira al monte

Considerar el escrache contra el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno como una expresión democrática, mientras se afirmaba exactamente lo contrario cuando se acosaba el domicilio familiar de la ex ministra Bibiana Aído, no es sólo una contradicción, es una demostración empírica de cómo se entiende la Justicia desde el sectarismo, enfermedad vírica que afecta a una gran mayoría de los socialistas patrios. La señora Valldecabres simplemente estaba haciendo una suplencia en la Audiencia de Madrid y aprovechó para demostrar que la única ley que de verdad entiende y, cuando tiene la ocasión practica, es la del embudo. Isabel Valldecabres ha sido asesora de varios ministros de su partido, el PSOE, y jugó un papel destacado en la elaboración de la ley del aborto de la etapa Zapatero que abanderó la señorita Aído que en gloria está. Me refiero a que esta colocada estupendamente como asesora especial de la Agencia de la ONU para la Mujer por «su distinguida carrera de servicio público para el Gobierno de España», tal y como publicó la citada agencia con sede en Nueva York en el año 2011. Ese servicio público fue tan valioso que el Ministerio de Igualdad nació con su nombramiento y desapareció con su cese que llevaba aparejado el chollo neoyorquino. A favor de la tesis de que si eres del PP hostigarte es una demostración de democracia, pero si molestas a alguien de izquierdas es que no respetas la independencia judicial, salió rápidamente el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, en respuesta a la petición de Esperanza Aguirre de penalizar los acosos domiciliarios que parecen consagrarse en el auto que se dictó la semana pasada. El caso es que los jueces, en no pocas ocasiones, están marcando la dirección de la vida política e institucional de este país y no siempre con la diligencia e imparcialidad deseables. Pero la sarna con gusto no pica, y esa sarna es el resultado de una politización de la Justicia de la que son culpables los propios partidos que llevan décadas prestándose al enjuague y el cambalache en todos los órganos jurisdiccionales.