Las formas y el nuevo curso político

La constitución del nuevo Parlamento el pasado día 13 de enero ha sido el primer gran acto político tras las elecciones del pasado 20 de diciembre y también un gran escaparate en el que poder contemplar y analizar muchas de las circunstancias que van a definir y condicionar la nueva etapa política que se ha abierto tras dichas elecciones.

La primera y de más alcance político ha sido la constitución de las mesas de las Cámaras y de los grupos parlamentarios. El pacto alcanzado en el Congreso entre PP, PSOE y Ciudadanos ha supuesto un varapalo al PP, que ha tenido que tragar con que la presidencia de la Cámara no sea de su grupo siendo el mayoritario, pero ha hecho albergar esperanzas sobre la posibilidad de un pacto entre partidos constitucionalistas y defensores de la unidad de España para garantizar un gobierno estable. La esperanza ha durado poco, porque rápidamente el PSOE ha reiterado su negativa a permitir que Rajoy sea investido presidente y ha facilitado la constitución de grupo propio a los independentistas catalanes del Senado cediéndoles los escaños que les faltaban para poder hacerlo. Una de cal y una de arena que refleja la determinación de Pedro Sánchez de ser investido presidente en un pacto con Podemos y la abstención o incluso el apoyo de aquéllos, que sólo pueden impedir los propios barones dentro del partido.

La segunda, el comportamiento chabacano y falto de respeto hacia las instituciones de Podemos y sus socios, y la más que dudosa legalidad de la fórmula de juramento utilizada. Si la presidenta del Parlamento catalán se permite el lujo de jurar su cargo dando vivas a la República catalana y sigue tan pancha en su puesto; si el nuevo presidente de la Generalitat se permite jurar su cargo sin acatar la Constitución y la ley y someterse tan sólo a la voluntad del pueblo catalán, y si no se ha dado por nulo de manera automática ese juramento y en consecuencia su nominación como presidente y puede actuar como tal, no es de extrañar que los diputados de Podemos y sus coaligados hayan utilizado unas fórmulas de juramento que expresan claramente su voluntad de acabar con el sistema vigente, con todo tipo de aspavientos relativos a su «lucha social» y que nada de eso haya tenido consecuencia alguna.

Es muy preocupante que nuestro sistema legal y político no tenga mecanismos que impidan esas actitudes y declaraciones en el seno de nuestras instituciones, y que no se hayan introducido, ante lo que se veía venir, mecanismos legales para evitar que todo ello se produzca.

Lo mismo resulta del numerito de querer entrar con la bicicleta en el Congreso por algunos diputados ecologistas o la utilización política, como ella ha reconocido, del bebé de la número tres de Podemos, en el escaño durante toda la sesión.

En ningún Parlamento de cualquier país desarrollado se permitiría nada de esto porque uno de los elementos fundamentales de la Democracia y del buen funcionamiento de sus instituciones es el respeto tanto a la ley como a las formas. Y cuando alguien no lo hace y no sabe comportarse, debe exigírsele que lo haga. Y si lo que quieren algunos, como en este caso, es no respetarlas como demostración prepotente de su pretensión de acabar con el sistema vigente, deben adoptarse las medidas legales o reglamentarias que sean precisas para impedirlas y sancionarlas, y evitar que se conviertan en una práctica habitual sin otra consecuencia que el que cada día puedan ir más lejos en su actitud.

¿Alguien puede pensar que el señor Corbin en Inglaterra, el presidente Hollande en Francia u Obama en EE UU son menos progresistas y defensores de los derechos y el bienestar de los ciudadanos por asearse y guardar las formas en las instituciones que representan?

Detrás de esa actitud no hay simplemente una pose. Hay una determinación de acabar con todo lo que no sea lo que ellos impongan. No menospreciemos nada de esto como algo menor, como una mera formalidad, porque es un avance más, y no menor, en su estrategia. Se empieza perdiendo las formas y se acaban perdiendo las instituciones. Frente a ello, el Estado, la ley y la inmensa mayoría de los ciudadanos tienen que reaccionar para no tener que lamentarlo luego.