Le contaba a Carlos Herrera en Onda Cero un representante de los trabajadores autónomos, que las tortillas de patatas de la Expo 92 se han cobrado veinte años después, gracias a la agilización por parte del actual Gobierno del pago a proveedores. La anécdota sobre un caso real da que pensar y mucho sobre el funcionamiento de las administraciones y sobre la infinidad de empresas y empleos que se habrían salvado con otra escala de prioridades en el gasto público.

El Ejecutivo ha realizado con nota los deberes de ajustes y reformas ante el tribunal calificador europeo, aunque se asome al ecuador de la legislatura sin ver un claro freno a la sangría del desempleo. Y eso es si cabe más duro en la política actual, teniendo en cuenta que no existe gobierno europeo que haya sobrevivido al tsunami de la crisis, por eso se hace más necesaria la gran reforma pendiente.

Es cierto que los indicadores más objetivos situarían 2015 como el año del arranque para crear empleo y que nuestra economía está en trámite de pasar a planta, pero hay una sensación latente de que una excesiva tibieza ante la reforma de la Administración, acabe siendo proporcional a un aumento en la carga de los ajustes sobre los hombros del sector privado y las clases medias.

Hace falta una amplia dosis de determinación para afrontar esa reforma de la Administración del Estado y ahora es cuando el Gobierno puede demostrar que no se actúa con el «chip» del meritorio funcionario de carrera, sea abogado del Estado o registrador de la propiedad, o que no mantiene –de acuerdo con el PSOE– el número de municipios, porque al fin y al cabo son las primeras terminales de influencia política territorial; ya saben, los que pegan los carteles.