Los jueces ante la corrupción

Según la Agencia Efe, la Fiscalía se opondrá al auto por el que se acordó la prisión provisional del ex presidente de Caja Madrid. Hasta aquí, todo normal y con los datos que ofrece la prensa –no conozco, obviamente, las diligencias penales– no debe extrañar esa iniciativa. También es normal que, iniciada una causa por un hecho, según avance la investigación se amplíe a otros hechos o aparezcan nuevos imputables. De la investigación de un crédito a Marsans, que llevó a la cárcel a Gerardo Díaz Ferrán, antiguo consejero de Caja Madrid, se ha pasado a encarcelar al ex presidente de la entidad por la compra de un banco estadounidense. Es aventurado hablar de «vaivenes»: supongo que la instrucción sigue un curso lógico, tanto en lo estrictamente jurídico como desde la investigación en sí. Hace un mes, el Consejo General del Poder Judicial informó que actualmente en 798 órganos judiciales se siguen por delitos de corrupción 2.173 procedimientos considerados de especial complejidad. De ellos, 512 son «macroprocesos» que encierran complejas tramas societarias, financieras o fiscales. Esto llevó al Consejo a diseñar un plan de refuerzo, así como a interesar de los ministerios de Hacienda e Interior que la UDEF y la Udyco agilicen los trabajos que les encomiendan los jueces. La celeridad será deseable, pero no siempre es posible cuando se está ante una trama delictiva difícil de desmadejar. Además, son casos que afectan a personajes con gran influencia política, económica y en los medios de comunicación; no debe extrañar que, como demuestra la experiencia, su estrategia defensiva pase por desacreditar al juez. Hay que exigir al Consejo un especial esfuerzo informativo: no puede dejar solos a esos jueces ante la opinión pública. Doy por descontado que la actuación de la Fiscalía, pese a su vinculación gubernamental, se guía sólo por el principio de legalidad. Esta certeza no me impide advertir que su actuación en estos casos indicará el nivel de confiabilidad que cabe esperar del Ministerio Fiscal si es que, finalmente, se le atribuye la investigación penal y quizás, el monopolio de la acción penal.