Pilar Ferrer
Los padres de la Constitución trabajan en una disposición sobre Cataluña
Miércoles nueve de abril. En Barcelona, horas después del debate en el Congreso de los Diputados sobre la consulta catalana, el salón del Círculo de Economía está abarrotado. En pleno conflicto territorial, un nutrido grupo de políticos, empresarios y juristas escuchan al conferenciante Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los siete «padres» intelectuales de la Constitución española. En el auditorio, Jordi Pujol, Narcís Serra, Andreu Mas-Collel y otro patricio de la Carta Magna, el prestigioso abogado Miguel Roca Junyent. El letrado permanente del Consejo de Estado aboga por un acuerdo que blinde la singularidad catalana. En la cena posterior, el coloquio sube de interés. Con la autoridad de haber sido ponentes constitucionales, Herrero y Roca hablan de posibles vías a la cuestión catalana. El viejo zorro Pujol y el ex vicepresidente socialista, Narcís Serra, pronuncian la frase: «A ver si lográis el "pacto de los Migueles"».
«Vamos al desastre»
Al mismo tiempo, en Madrid, el Foro Puente Aéreo, un destacado «lobby» privado de encuentro y reflexión, celebra otra cena de altura. Esta vez, en la sede de Indra, con su presidente, Javier Monzón, de anfitrión. Allí están ilustres nombres de la economía madrileña y catalana, la élite de las empresas del IBEX: Juan María Nin, Antonio Brufau, Florentino Pérez, Ignacio Garralda, María Dolores Dancausa, Borja Prado y los dos hombres de confianza de Josep Antoni Duran Lleida, el diputado Josep Sánchez-Llibre y el ex delegado de la Generalitat, Jordi Casas. Todos hablan de Cataluña y de que, tras el portazo del Congreso al referéndum, es preciso retomar el diálogo y plantear al Gobierno una solución política y jurídica. «O esto lo arregláis o vamos al desastre», dicen los comensales a los políticos, ambos muy bien relacionados en la capital del reino.
Y es aquí dónde Duran Lleida y Alfredo Pérez Rubalcaba exploran alternativas, entre la cerrazón de Artur Mas y la postura inequívoca del Gobierno, quien por boca de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dejado claro que nada es posible mientras Mas mantenga el referéndum o pretenda reconducirlo hacia unas elecciones plebiscitarias. Según fuentes convergentes y socialistas, juristas de relieve en Derecho Constitucional trabajan ahora con gran discreción. Se trata de arbitrar una «mutación» constitucional, una relectura del texto sin necesidad de reformarlo, que blinde las competencias centrales de Cataluña en lengua, economía, fiscalidad, infraestructuras. «Añadir una disposición, sin abrir el melón», dicen los negociadores. En estas conversaciones, que se llevan con sigilo pero intensas, están los «padres» de la Carta Magna Miguel Herrero y Miguel Roca y el que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional y presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente. Un hombre designado en su día por José Luis Rodríguez Zapatero, con el encargo de estudiar una posible reforma constitucional, gran experto en la materia. Junto a ellos, algunos despachos madrileños de abogados, vinculados al PSOE y, en concreto, con buenas relaciones con Alfredo Pérez Rubalcaba, trabajan también en el asunto. El objetivo es claro: «Desatascar el conflicto, ofrecer una propuesta al Gobierno y darle una salida cocinada al propio Artur Mas», opinan los protagonistas. «El problema es que se deje», apostillan dirigentes del Partido Popular.
La tesis de «los Migueles», Herrero y Roca, va en la línea de una «vía interpretativa singular», tal como se hizo en los casos de País Vasco, Navarra y Canarias. Duran y Rubalcaba ven aquí la única salida para desatascar el conflicto, ya que esta disposición sí podría ser votada por los catalanes y CiU cumpliría su promesa de la consulta.
Pero en el Gobierno no lo ven claro y se ciñen al hecho de que cualquier referéndum es ilegal e imposible, tal como aseguró el presidente Mariano Rajoy en el Congreso. Fuentes del PP indican que Miguel Herrero «está desubicado políticamente y quiere protagonismo». A Roca y Durán se les respeta, pero no se fían de Artur Mas. Un hombre que ha tensado mucho la cuerda, dando alas al independentismo. «Ha ido demasiado lejos», según dirigentes del PP, que ven ahora complicado «embridar al monstruo cuando ya se ha desbocado».
No a la independencia
El Gobierno reitera que el diálogo ha de hacerse sólo bajo el imperio de la Ley. Por su parte, el magistrado Rubio Llorente ve inequívoca y errónea la expresión «derecho a decidir», así como una declaración unilateral de independencia. El que fuera presidente del Consejo de Estado aboga por una negociación sobre la consulta entre el Gobierno central y la Generalitat, pero nunca en torno a la independencia, sino con otra fórmula. Es la opinión de Duran, sectores moderados de CIU y los socialistas. O sea, votar sobre el futuro de Cataluña, a través de la disposición transitoria en la Carta Magna. Sin embargo, el Gobierno insiste en su negativa a cualquier modalidad consultiva, por lo que las espadas siguen en alto: «Se necesita una solución jurídica y una decisión política», opinan tanto Duran como Rubalcaba.
El nuevo arrebato de Artur Mas de asimilar el referéndum a unas elecciones plebiscitarias «es cualquier cosa menos democracia», dicen expertos juristas.
En esto coinciden también el Gobierno y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, para quien las elecciones son para elegir representantes Artur Mas desaprovechó la cita del Congreso de los Diputados y todo diálogo se supedita a que no haya referéndum. Por ello, el llamado «pacto de los Migueles» estudia una posible proposición de ley para modificar la normativa de referendos. Algo que exigiría un amplio acuerdo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Es de lo que también hablaron Duran y Rubalcaba en su última conversación, pero a lo que el Partido Popular de momento se niega. Todos los implicados en el proceso, políticos y juristas, coinciden en que la sociedad catalana no es un bloque monolítico, con una amplia mayoría contraria a la independencia.
El problema y el peligro, radica en «vincular el movimiento soberanista con la emoción y no con la razón», dicen en el Gobierno y en el Partido Popular. Éste ha sido el desafío del presidente de la Generalitat, ahora muy complejo de controlar. Por su parte, la tesis de Herrero, Roca y Rubio Llorente es estudiar a fondo la Ley y reclamar a los políticos «capacidad creadora» para hacer posible un acuerdo constitucional que solucione el encaje de Cataluña en España. «El verdadero problema», que decía el inolvidable Paco Ordóñez en los años de la Transición. Según algunos de los asistentes a la cena del Círculo de Economía, el propio Jordi Pujol se mostró preocupado, «casi apesadumbrado», pues ha visto cómo su «hereu» ha echado al traste casi treinta años de gobierno convergente y entendimiento con Madrid, que tan buenos réditos le dio. Buena parte de los empresarios catalanes del Foro Puente Aéreo reconocen ahora cómo aquel apoyo entusiasta al Estatut «se nosha ido de las manos».
En el Gobierno, la cosa está muy clara: diálogo, bajo las leyes. Y un ministro cercano al presidente bien lo define: «Mariano Rajoy tiene paciencia para todo porque jamás pierde el tiempo en nada». Magnífica reflexión.
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