Sanidad debe imponer su ley

El Ministerio de Sanidad tiene más razón que un santo. No hay derecho a que cada comunidad haga de su capa un sayo, ni a que los consejeros y presidentes regionales legislen a su antojo sobre lo que les venga en gana, según la dirección en la que sople el viento. En España, las competencias sanitarias están muy definidas, y la farmacéutica es exclusiva del Estado. Por tanto, no ha lugar, como acaba de hacer público el Tribunal Constitucional, al euro por receta. Entre otras cosas, porque el Gobierno central desechó la idea hace meses, justo cuando Cataluña, en un arranque de pánico ante la bancarrota que se cernía sobre su sistema, la pergeñaba. No se trata aquí de cuestionar la decisión de fondo del Ejecutivo de Artur Mas, secundada por una Administración gestionada por el PP como es la madrileña. Está claro que las arcas públicas están raquíticas, que la atención sanitaria empuja al alza las partidas de gasto y que es muy difícil ya, por no decir imposible, obtener ingresos extra de los agentes que configuran la cadena del medicamento.

Es incluso razonable una medida de este tipo porque a la vez que recauda, disuade. Pero eso ha de decirlo la autoridad central. El Ministerio, en una palabra. No un consejero al que no le cuadran las cuentas, o un presidente regional cabreado con el mundo. El desbarajuste en este área debe terminar ya, porque la España sanitaria, como la España global, se ha convertido en un reino de taifas. No hay derecho, por ejemplo, a que hace meses Galicia se descolgara con el «cataloguiño», ni que Andalucía siga a su aire con unas subastas que, en el fondo, no son más que un intento de amordazar a los laboratorios. El Ministerio no tenía que haber renunciado al euro por receta, pero, una vez que lo ha hecho, ha de imponer su ley, ejercer el liderazgo y tumbar todas las iniciativas que perturben la unidad de mercado, garantizando la coherencia y la equidad del sistema. Porque, puestos a criticar, no hay derecho a que haya pacientes que paguen lo que es gratis en comunidades limítrofes ni feudos que obstaculicen la dispensación de medicinas para las que hay barra libre a apenas unos kilómetros.