Saqueos

La decisión del presidente boliviano, Evo Morales, de ir nacionalizando, paulatinamente, las empresas españolas que operan en el país andino no sólo es equivocada, a largo plazo, para los intereses de Bolivia y el bienestar de los bolivianos sino que, también, supone un ataque inexplicable a los intereses de España y perjudica, sobremanera, a la sociedad española y a nuestro bienestar. No se trata de hechos aislados sino de un comportamiento que forma parte de un ataque sistemático a los intereses de España en el exterior. Hace bien, por lo tanto, el Gobierno español en replantearse las relaciones con Bolivia y habría que esperar que todos los actores de la sociedad española caminasen, pues, en esta dirección y no prestasen apoyo ni político ni económico, en estas decisiones, al Gobierno de Bolivia. Las relaciones con Bolivia deben ser a partir de ahora, naturalmente, más tensas, después de la prudencia española respecto a las primeras nacionalizaciones. La consideración de Bolivia como Estado prioritario en la cooperación española debe desaparecer y nuestra política exterior debe ser consciente de que el Gobierno boliviano no es un buen aliado. La cooperación con Bolivia, siempre y cuando le suponga gastos a la hacienda española, debería disminuir y los fondos destinados a este país deberían hacerse efectivos con otros estados en los que los intereses de España estén mejor garantizados y los españoles recibamos mejor trato. Esta es la esencia de las relaciones internacionales. Si Bolivia reivindica su soberanía, España debe reivindicar la suya. Los dos estados, y no sólo Bolivia, son igualmente soberanos. A pesar de las palabras, todas las empresas españolas en Bolivia están en riesgo y nadie puede asegurar que, en cualquier momento, no se proceda a una nueva nacionalización. Ojalá no se produzcan. Pero, nuestro Gobierno, que tiene que mirar y cuidar el futuro de estas empresas, no puede permanecer impasible frente al comportamiento boliviano. Lo que hace el Gobierno de Bolivia nos presta una nueva oportunidad para que los españoles diseñemos un marco diferente en las relaciones con los países latinoamericanos en el que, también, primen los intereses de España. Confiemos en que Bolivia comience a pagar las indemnizaciones derivadas de las nacionalizaciones pero, aun así, no hay excusas para que un Gobierno al que tanto ha ayudado España tenga comportamientos de este tipo. No sólo queda afectada España. Lo que hace el Gobierno de Bolivia es una afrenta a los españoles y, por ello, la sociedad civil debería reaccionar en contra de las decisiones bolivianas.