Seguimos judicializados

Ignoro qué pasa en otros países, pero entre nosotros la judicialización de la política es algo ya endémico, es decir, típicamente español. Alcanza a todos los niveles judiciales y está presente en todos los órdenes, no sólo de la política sino de la vida pública, hasta el inicio de la liga de futbol en Segunda. Y no me refiero a los asuntos penales, paradigma de la judicialización, me refiero, simplemente, al hecho de que todas las legislaturas, con mayor o menor intensidad, acaben en los tribunales.

Las dos últimas legislaturas socialistas acabaron judicializadas, la presente Legislatura ha llevado el mismo camino con la lluvia de normas que presidieron su inicio y la segunda tanda normativa lleva el mismo camino. Además tenemos ya la cita en el Tribunal Constitucional, cita en la que se dilucidará si se celebra o no el referéndum catalán; en el mes pasado ese mismo tribunal se pronunció sobre la reforma laboral del actual Gobierno y pende también de ese tribunal que se pronuncie sobre la reforma del régimen local, por la que las comunidades autónomas asumen competencias municipales.

Pero el paradigma de la judicialización de la política se centra, una vez más, en la corrupción y todo lo que vuela a su alrededor. No hablaré hoy de esos casos, pero basta dejar constancia de dos cosas. La primera que, ciertamente, forma parte del sistema político y constitucional –y menos mal que es así– que los conflictos se ventilen ante los tribunales; pero lo que no es normal es que, por sistema, todo confluya hacia los tribunales: que la actuación de éstos acabe siendo un componente –y componente fundamental– del desarrollo de la vida política de un país.

Que esto sea así puede saldarse de varias formas: o con el respeto hacia la Justicia o con la tentación de alterar su funcionamiento, presionando a los tribunales. Dejo a un lado el caso del Tribunal Constitucional, no sólo porque no forma parte del Poder Judicial sino porque por razón de su entera extracción política requiere una consideración aparte. Esto no quita para que dicte sentencias que sean justas y adecuadas, pero su origen le impone una carga añadida que le exige una permanente demostración de independencia y de imparcialidad. Tiene que demostrar de continuo su legitimidad de ejercicio y para esto no hay otra vía que estar a sus razonamientos.

La situación de los tribunales ordinarios –del Poder Judicial– es otra cosa. No deja de ser paradójico que una de las instituciones más críticamente valorada por los ciudadanos sea al final, de una manera u otra, la piedra angular en la que se acaba confiando y cuyo actuar es de continuo sometido a marcaje, es juzgado a diario por la opinión pública, la opinión publicada y por la opinión de quienes protagonizan los procesos.

La tentación de intervenir en su funcionamiento está ahí y puede desarrollarse de varias formas. O bien creando un estado de opinión a favor o en contra de lo que haga determinado tribunal, o bien aprovechando las reglas procesales para retrasar o entorpecer, luego para que su intervención se empantane y sea ineficaz.

El segundo aspecto del que hay que dejar constancia es la reacción de algunos políticos ante la actuación de los tribunales. Aparte de la crítica, les exigen rapidez, lo que, en su caso, rima con desfachatez: lo es que lo reclamen quienes, desde su responsabilidad de gobierno, han mantenido a la Justicia en la indigencia y han podido sentar las bases para una Justicia eficaz; no digo pronta o rápida, digo eficaz y, además, justa. Han podido pero no interesaba; ahora sí.

Son miles los ciudadanos que claman por un eficacia que no tiene que identificarse necesariamente con la rapidez, pero si apelo al tópico de que la Justicia tardía no es tal, habrá que concluir que a la vista del protagonismo de los tribunales a todos conviene que su intervención sea la necesaria y se ventile no cuanto antes mejor o, como mínimo, en el tiempo que razonablemente sea preciso. Y se entenderá así que si hay un proyecto sincero de regeneración del sistema político y constitucional, un ingrediente del mismo debe ser la eficacia del sistema judicial.