¡Seguridad jurídica!

Si hay algo sacrosanto en la relación entre contribuyente y Hacienda, que está recogido de forma clara en la normativa actual, es el secreto de los datos fiscales que obran en poder de la Agencia Tributaria. Pues bien, en los últimos días estamos asistiendo a un «chou» en el que este principio salta por los aires. Rodrigo Rato podrá haber perpetrado multitud de fechorías, algo que deberán sustanciar los Tribunales de Justicia, pero eso no justifica que sus datos fiscales (ni los de nadie) sean del dominio público y hayan sido aireados a diestro y siniestro. Montoro y sus asociados de la Agencia Tributaria tienen la obligación de cumplir la Ley y de hacerla cumplir; en este caso, queda claro que alguien se la ha saltado a la torera y todavía no ha pasado nada. Supongo que se habrá abierto una investigación interna para depurar responsabilidades, aunque, anunciarse, no se ha anunciado. En cualquier país donde impere la seguridad jurídica, hechos de este tipo hubiesen provocado ya la dimisión o el cese del ministro en cuestión y de todos los responsables de que esto haya pasado. Por otro lado, causa asombro el hecho de que los partidos de la oposición, y los que todavía no están en el Parlamento, hayan exigido que se publiquen los nombres incluidos en la llamada Lista Menéndez. Eso, con la normativa actual, es lisa y llanamente pedir que se incumpla la Ley. Pues bien, es lo que ha sucedido esta semana y no ha pasado nada. Si no se está de acuerdo con la norma actual, lo que hay que hacer es cambiarla, que para eso son legisladores, pero no exigir que se incumpla. ¿Dónde queda la seguridad jurídica?