
Julián Cabrera
Sindicalismo de sobres

La juez Alaya ha retomado con especial ímpetu la instrucción del caso de los ERE, probablemente el mayor escándalo de utilización fraudulenta de fondos públicos en la historia de nuestra democracia. Y lo ha hecho con una doble declaración de intenciones: rechazando por un lado la participación de otros magistrados –evitando posibles interpretaciones de ingerencia en los tiempos que corren– y dirigiendo por otro la proa de la investigación hacia unos sindicatos que van a tener que dar alguna que otra explicación.
Sin ánimo de establecer comparaciones, aquí no se trata de unos trajes sin recibo o incluso de un encuentro de gasolinera; de lo que estamos hablando es de millones contantes y sonantes en comisiones ilegales por el montaje de falsos ERE; y aunque los dirigentes de UGT y CC OO se han puesto muy dignos negando la involucración de sus organizaciones, ocurre que la buena de Mercedes Alaya no parece pensar lo mismo.
La magistrada, a la que algunos se empeñan con más voluntad interesada que acierto en colgar la etiqueta de «juez estrella», tiene ya sobre la mesa las piezas de un puzle que cada día cobra más sentido y que implica a nombres y apellidos de dirigentes y ex dirigentes sindicales como presuntos impulsores de falsas prejubilaciones en sectores como el de la minería y otras lindezas como el cobro de jugosas comisiones por la busca y captura de empresas renqueantes, carne de futuros ERE fraudulentos.
Podemos asistir a curiosas paradojas: hace dos décadas, el escándalo de la «PSV» se llevó por delante a dirigentes de UGT, metidos torpemente a promotores inmobiliarios, aunque con una manifiesta buena fe que salvó la cara sindical; pero si el cubo de Rubik de la juez Alaya acaba encajando, podríamos asistir al principio del fin de un sindicalismo mal entendido durante demasiado tiempo en este país.
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