El único planteamiento del Gobierno con la inmigración es el de repartir «menas» de manera arbitraria y sin transparencia, premiando a los socios catalanes. Pero plan no hay, más que el de las fronteras y puertas abiertas con evidente efecto llamada hacia Canarias y Baleares, nuevos destinos de las mafias tras el cerrojazo de Meloni en Italia. Dicen algunos que poner coto a la inmigración es racismo, pero no es lo que piensa la ciudadanía, cada día más convencida de que la inmigración descontrolada es un problema. No porque el inmigrante sea malo o delincuente, sino porque ningún país está preparado para acoger de golpe a decenas de miles de personas sin haber antes organizado cómo recibirlos, darles trabajo e integrarlos. De ahí que este asunto se haya convertido en prioridad de primer nivel en las encuestas, CIS incluida. Los españoles no son racistas, pero es de sentido común establecer normas y exigir que se cumplan. Si las tenemos los nacionales, también las deben tener quienes quieren establecerse aquí. De manera legal, no en oleadas ilegales gestionadas por mafias, como ahora. Europa no se ha vuelto de golpe fascista o de ultraderecha, como se apresuran a censurar algunos juntaletras. Suben los partidos que piden medidas para evitar la inmigración incontrolada porque la gente en la calle demanda tal política. Si el ciudadano percibe que los partidos gobernantes no solventan su problema, se echa en manos de opciones radicales, como está ocurriendo en Cataluña. O en Europa en general, reclamando sentido común, diciendo «sí» a la entrada de inmigrantes legalizados que vienen a trabajar, pero «no» a que entren los que quieran, con demasiados derechos y escasos deberes. De ahí el crecimiento de las nuevas derechas de Italia, Gran Bretaña o Francia, y la AfD en Alemania, donde ha surgido también una formación de izquierdas, la BSW comunista de Sahra Wagenknecht, que se opone claramente a la «libre circulación». Planteamiento parecido al que defiende en España el Frente Obrero de Roberto Vaquero, también comunista. Sí que es racista la Aliança Catalana de Silvia Orriols, que se dispara con Vox en las encuestas en Cataluña, no porque los ciudadanos de aquella comunidad sean fachas irredentos, sino porque se suceden los problemas de integración en el cinturón de Barcelona y en poblaciones tan ultracatalanistas como Ripoll, Vic o Figueras, siendo una situación más que perceptible en Guissona o Salt, donde el paisaje urbano está repleto de hiyab, niqab e incluso burkas, con tiendas y comercios sólo en árabe. Magrebíes, subsaharianos o pakistaníes están omnipresentes hoy en Cataluña. En su día Pujol, movido por criterios antiespañoles, promovió la entrada de trabajadores «no latinos», para frenar a la lengua castellana. Resultado: más árabes, africanos y asiáticos que en ningún otro lugar de España.

Por eso hace bien Feijóo en priorizar la inmigración hispanohablante, más en línea con nuestra cultura y costumbres. Y acierta al presentar un plan para adaptar la inmigración a las necesidades del país. Sin fronteras abiertas. Sin efecto llamada. Con persecución a las mafias de traficantes y con pérdida de los derechos de residencia para los que delinquen, que son los menos, pero los hay.

Mejor tener un plan que no tener ninguno, como Sánchez, que ha convertido este país nuestro en el paraíso de la inmigración ilegal.