Alsasua: el PSOE no puede prestar veracidad al relato proetarra

El Partido Socialista de Navarra figura, junto con Geroa Bai, Bildu y Goazen Altsasu, entre los firmantes de la declaración institucional del Ayuntamiento de Alsasua en la que se critica la actuación judicial llevada a cabo por la Audiencia Nacional a raíz de la agresión terrorista sufrida por dos guardias civiles y sus respectivas parejas, el pasado 15 de octubre, durante las fiestas patronales de la localidad. Aunque la secretaria general del PSN, María Chivite, ha manifestado su disconformidad con la actitud del portavoz socialista en el municipio, Juan Miguel Pérez Hurtado, se trata de un hecho lo suficientemente grave como para que la dirección nacional del PSOE tome cartas en el asunto y proceda, al menos, a abrir un expediente a quien, en este caso, se alinea –y presta veracidad– con el relato falsario que quieren imponer sobre lo sucedido en el municipio navarro los proetarras, que tratan de reducir a un simple altercado –«trifulca de bar», en expresión del parlamentario de Bildu Adolfo Araiz– para que los autores eludan la responsabilidad penal de sus actos. Que las siglas del PSOE respalden esa campaña sin que nada llegue a ocurrir, explicaría por sí solo los problemas de identidad que atraviesa un partido que en el País Vasco, Navarra y Cataluña parece haberse contaminado en exceso con el nacionalismo imperante. En Alsasua, como en otros municipios navarros con preponderancia abertzale, se intenta mantener la dinámica de la coacción batasuna, la llamada «kale borroka», que fue parte principal en la estrategia de la banda etarra y a la que se consiguió derrotar mediante la aplicación de una legislación antiterrorista que hubo que adecuar a la llamada «violencia de baja intensidad». La misma insistencia por parte de la izquierda abertzale en la campaña para que se rebaje la calificación penal del ataque a los guardias civiles, que comenzó en cuanto trascendieron los hechos, demuestra que tanto Bildu como Geroa Bai eran, desde el principio, plenamente conscientes de que la violenta acción podía enmarcarse en el campo de los delitos de terrorismo, como así ha sucedido. En efecto, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, la agresión sufrida por el teniente y el sargento de la Benemérita del puesto de Alsasua, y sus respectivas parejas fue premeditada, culmina las acciones de acoso que, desde hace varios años, lleva a cabo el grupo proetarra «Ospa» y con ella se pretendía mantener la estrategia de la tensión contra las Fuerzas de Seguridad desplegadas en Navarra. Así lo ha entendido la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela al ordenar el ingreso en prisión preventiva de seis de los ocho detenidos, dos de los cuales se consideran cabecillas del citado grupo. Estamos, pues, ante unos hechos que, a la luz de la larga experiencia de la lucha contra ETA y sus organizaciones afines, tienen poca, por no decir ninguna, explicaciones alternativas. Una vez más, es la violencia de persecución contra quienes no comulgan con la ideología abertzale y contra quienes defienden el Estado de Derecho en una parte del territorio. Que un representante del Partido Socialista de Navarra, cuyos militantes y simpatizantes han sufrido el zarpazo del terror, desconozca de qué estamos hablando y se deje llevar por los subterfugios argumentales de los batasunos puede explicarse por el miedo, pero no justificarse. La lucha contra el terrorismo etarra sigue vigente, al menos mientras la banda no se disuelva y entregue las armas.