Devolver la calle al ciudadano

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la ley de seguridad ciudadana elaborado por el Ministerio del Interior, que comienza así su trámite parlamentario. Dada la virulenta reacción que el texto ha suscitado en el primer partido de la oposición, aún antes de que estuviera cerrado, es de suponer que en su paso por las Cortes asistiremos al cansino espectáculo de la demagogia del izquierdismo rancio que se ha convertido en el sello del PSOE que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. No hay, vaya por delante, asomo alguno de anticonstitucionalidad o limitación de las libertades básicas de expresión, reunión o manifestación en las previsiones legales del anteproyecto. Como es natural, habrá matices técnicos discutibles y se podrá mejorar la redacción de algunos capítulos, como han hecho saber los sindicatos policiales y de la Guardia Civil. Pero estos asuntos quedarán sin duda resueltos a lo largo de la tramitación parlamentaria. Lo fundamental es que ha abordado con equilibrio una ley muy necesaria, que debe responder a la evolución negativa de los grupos antisistema, minoritarios cuando no residuales, cuyas tácticas van dirigidas a la toma de las calles y a imponer por la fuerza sus reivindicaciones. El anteproyecto actualiza la anterior legislación, que ha quedado obsoleta después de dos décadas y ya no responde adecuadamente a los nuevos tipos delincuenciales, especialmente tras la reforma del Código Penal que prepara el Ministerio de Justicia, que supondrá un nuevo tratamiento de los delitos y faltas. Pero con independencia de las interpretaciones jurídicas, lo que realmente importa es que se trata de un instrumento clave para garantizar tanto el derecho que asiste a los ciudadanos a disfrutar en libertad de los espacios públicos como el ejercicio de la acción política democrática, cuyos cauces parlamentarios están claramente definidos. Sólo desde la ignorancia, la mala fe o el oportunismo se pueden legitimar acciones y actitudes como las que se están sucediendo en España, donde minorías extraparlamentarias, muchas de clara raigambre antidemocrática, se arrogan el derecho a interrumpir la vida ciudadana, ocupando calles y plazas al margen de la legalidad, promueven el acoso a los respresentantes populares libremente elegidos en las urnas, incitan a la violencia contra los funcionarios públicos o tratan de impedir el desarrollo normal de las instituciones del Estado. La sustitución, en definitiva, de la legitimidad democrática, por la presión callejera. En este empeño, el Gobierno debería contar con el apoyo de la oposición socialista, pero es de temer que su deriva populista se lo impida. En todo caso, el PSOE debería explicar por qué se opone a que se aplique a la extrema izquierda el mismo rasero legal que le parece adecuado para la extrema derecha.