Editorial: Unidad constitucional imprescindible ante el golpe

Los partidos que dan apoyo al desleal gobierno de la Generalitat, PDeCAT, ERC y la CUP, han anunciado que hoy declararán la independencia de Cataluña. Una de las características de esta insurrección anticonstitucional es que las fuerzas que encabezan el golpe avisan con antelación de sus propósitos, suponemos que con el único objetivo de lanzar a los ciudadanos contra las instituciones y buscar los efectos conseguidos en la nefasta jornada del 1-O. Ese llamamiento ya lo han hecho las asociaciones de choque independentistas. La fórmula que seguirán para esta declaración forma parte del oscurantismo del «proceso» y del inmoral método para provocar la legítima reacción del Estado, aunque en este momento de máximo riesgo para nuestra democracia hay que centrarse en lo fundamental: la unidad de todas las fuerzas constitucionalistas. La secesión puede declararse formalmente y con todas las consecuencias legales, «firmarse» simbólicamente, dando gritos, cantando, incluso recurriendo a la llamada fórmula eslovena: tras su solemne anuncio, queda anulada como moneda de una futura negociación. Pueden, además, tomar el Parlament. No hay límites para el secesionismo. El objetivo no es otro que hacer un nuevo llamamiento a la movilización y, nos tememos, que buscando resultados indeseables que acreciente el clásico victimismo del nacionalismo: violencia y, de nuevo, alguna fotografía que pueda legitimarles ante el mundo. Los hechos, a pesar de su perversa campaña de propaganda, va en la dirección contraria: España es una democracia respetada, sólida y admirada por su tolerancia –sobran las pruebas– que ahora ha sido acorralada hasta límites insoportables. Este desafío debe ganarlo el Estado de derecho. No hay otra vía. Por lo tanto, en estos momentos es necesario que el bloque constitucionalista formado por PP, PSOE y Cs refuerce su unidad sobre la base de defender la Constitución y nuestra instituciones democráticas. Invocar un diálogo que reconozca la nueva legalidad catalana surgida de un acto de rotunda ilegalidad, como fue todo lo aprobado en la bochornosa sesión de los días 6 y 7 de septiembre, no es más que una coartada a la que quieren agarrarse los dirigentes separatistas. No hay más objetivo que minar la unidad de los constitucionalistas. El líder socialista, Pedro Sánchez, ha confirmado que su partido dará su apoyo al Gobierno ante una eventual declaración unilateral de independencia. Así debe ser y cualquier iniciativa política, como la ya anunciada por el PSOE –una comisión de estudio en el Congreso para la reforma constitucional– debe hacerse desde la base de que lo primero que debe restituirse en Cataluña es el acatamiento de la Carta Magna, el Estatuto y todos los tribunales de Justicia. En este bloque debe estar también Podemos y si rechaza el llamamiento de sumarse deberá explicar muy claramente cuándo la Constitución merece ser defendida, un marco que rechazan, pero que es el que ha permitido que hasta ellos quieran acabar con él desde la tribuna del Congreso. Si hoy se declara en el Parlament la independencia de Cataluña se abrirán vías legales para neutralizarla. Todas las medidas de las que dispone el Estado de derecho deben ser empleadas. Tiene la obligación y la legitimidad para hacerlo, pero debe contar con el apoyo de todos los constitucionalistas, porque no está en juego el futuro de un Gobierno, sino el de nuestra democracia.