El castellano, lengua de Cataluña

La reacción frontal y un punto excitada de los partidos independentistas y catalanistas contra el anuncio del Gobierno de que garantizará que se cumpla la cuota de enseñanza en castellano en Cataluña, que es del 25 por ciento según la Lomce, ejemplifica que la lengua ocupa en el ideario y estrategia nacionalista un lugar central. O, como dijo un portavoz independentista, «sagrado». Pero aquí no estamos hablando de dogmas teológicos, sino de principios civiles marcados por el derecho y mucho de sentido común. Si la sociedad catalana es bilingüe, como así lo es en la calle –aunque no en el mundo oficial, el que va de la administración de la Generalitat a TV3–, las dos lenguas deberían compartirse con equilibro. No ha sido así y todo indica que no será fácil. Todo arranca con la Ley de Normalización Lingüística de 1983, que contó con el apoyo del conjunto de los grupos parlamentarios. Sin duda eran otros tiempos marcados por la lealtad mutua, sin vislumbrarse un hecho que luego resultaría clave: Pujol consideró la lengua como el elemento desde el cual dar forma y articular su proyecto político de nacionalización, con una marginación absoluta del castellano en el ámbito oficial y en la educación, en contra de todas las sentencias dictadas sobre esta discriminación. El nacionalismo lingüístico ha cometido la mayor atrofia que se podría hacer a una lengua: convertirla en una herramienta política representación de una ideología. El catalán es patrimonio de todos, por encima de si se es o no nacionalista. No de otra manera puede entenderse que desde los sucesivos gobiernos de la Generalitat se hayan desobedecido –sin consecuencia alguna–las sucesivas sentencias. La primera y fundamental, la dictada en 2010 por el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía: «Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición vehicular en la enseñanza». Una sentencia equilibrada y justa que no se ha aplicado. En junio de 2012, el Tribuna Supremo anuló varios artículos del decreto sobre el segundo ciclo de la enseñanza infantil bajo el criterio de que para ser constitucional debe reconocer el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano. Tampoco se cumplió. La Ley de Educación de Cataluña de 2009, aprobada bajo el mandato del tripartito, consagra al catalán como lengua vehicular en la escuela y evita que tenga que aplicarse el decreto estatal sobre la tercera hora de castellano en las escuelas al decir con toda claridad que primarán los futuros decretos de la Generalitat sobre este punto. A la Generalitat le pareció inaceptable que el Ministerio de Educación le instara a dar tres horas semanales de Lengua y Literatura castellana (la mayoría de las escuelas catalanas están impartiendo dos horas semanales de castellano, y gracias). Y, por supuesto, tampoco estaban dispuestos a cumplir la Lomce de 2013, en la que se decretaba una cuota del 25 por ciento de horas lectivas en castellano. Con estos antecedentes, que el Gobierno se proponga asegurar la enseñanza de castellano es justo y necesario, aunque es una medida que llega tarde. Pese a que ha advertido de que no quiere cambiar el modelo lingüístico catalán, esta iniciativa debe ponerse en marcha no sólo porque el artículo 155 lo permite, sino porque la Generalitat está incumpliendo la Ley, todas las sentencias y en nada perjudica al catalán. Confiamos en que no sólo sea una iniciativa para presionar y que se acabe constituyendo un gobierno legal en Cataluña, porque de nuevo estaríamos en el uso político de la lengua que ha impuesto el nacionalismo.