El farol electoralista de Urkullu

Iñigo Urkullu ha comentado esta semana que Cataluña es un referente, pero no una fuente de inspiración. Es una declaración de intenciones y un posicionamiento que responde en líneas generales a lo que ha sido la gestión del lendakari hasta la fecha. A mucha distancia de las barbaridades del presidente de la Generalitat, el Gobierno vasco ha preferido el pragmatismo y la gobernabilidad con el propósito de no distraerse en sus deberes ante la ciudadanía. Ayer, Urkullu oficializó el arranque de la recta final de la legislatura y cambió el paso con el horizonte electoral muy presente. Anunció un programa para la reinserción de presos de ETA que comenzará tras las elecciones municipales, forales y autonómicas de mayo. Se trata de un proyecto piloto vinculado al denominado «plan Hitzeman», anunciado en octubre de 2014, que persigue el mismo propósito. Urkullu ofrece dos años de «cobertura institucional», mediante asesoramiento personal y legal, apoyo psicológico y respaldo a la reinserción laboral y a la búsqueda de vivienda, condicionados a un proceso de «autocrítica» del «daño causado» porque, en su opinión, es preciso pasar de la coexistencia a la convivencia. La iniciativa tiene tantas lagunas que la convierten casi en papel mojado. En realidad, el lendakari sabe perfectamente que pone sobre la mesa palabras y poco más, porque, fundamentalmente, carece de las competencias precisas para desarrollar un proyecto de ese calado, y porque, como reconoció el propio Gobierno vasco, ningún recluso terrorista ha mostrado predisposición a estrechar la mano tendida del lendakari. Urkullu no cuenta con el respaldo de otra fuerza política y, lo que es definitivo, tiene el rechazo expreso de las asociaciones de víctimas. Ese aislamiento político y social en un asunto tan sensible debería ser razón más que suficiente para que el lendakari se lo replanteara. Pero además existen razones de orden ético que deslegitiman una iniciativa que vuelve a pecar de equidistancia cuando equipara a víctimas y verdugos, y que no se refiere a la autocrítica como una exigencia, sino como «una sugerencia». Tampoco se les requiere a los presos la más mínima condena de la barbarie etarra. El presidente del Gobierno vasco justificó su plan en el inmovilismo del Ejecutivo de Rajoy en la gestión del final de ETA, pero Urkullu sabe que todo pasa por la desaparición de la banda, la entrega de las armas, la depuración de responsabilidades y la colaboración con la Justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos sin resolver. Y es en ese terreno en el que debería volcar sus esfuerzos y no en meras maniobras propagandísticas por arañar un puñado de votos en un electorado concreto que aguarda pasos al frente del nacionalismo.