El futuro de la «vía andaluza»

El resultado de las pasadas elecciones andaluzas dejó algo meridianamente claro: el PSOE no puede seguir gobernando en una comunidad para la que, después de 36 años, no tiene proyecto político alguno, con el índice de paro más alto de España (22,9%, según la EPA, siendo la media nacional del 14,6%), y sólo sosteniendo el voto por una red clientelar que ha acabado degenerando en el caso de corrupción de los ERE. Si bien los socialistas ganaron los comicios, perdieron 14 escaños, una debacle en toda regla que evidenció el agotamiento de un verdadero régimen y la necesidad de un relevo en la Junta. A la caída electoral de Susana Díaz hay que sumar la creación de una nueva mayoría de centro derecha (PP y Cs), más Vox, un partido que podríamos situar en la derecha radical, aunque ellos se mantienen firmes en la defensa de la Constitución. Aunque esta formación era el límite –o la línea roja– que marcaría el contorno del nuevo gobierno, el acuerdo ya se ha cerrado, con la formación de la mesa del Parlamento y la composición del gabinete. Albert Rivera vuelve, sin embargo, a marcar un límite que tiene mucho de ficticio, pues ni su propio partido es capaz de cumplir. Es decir, acepta los votos de Vox para dar un vuelco necesario en San Telmo, pero a continuación matiza que la formación de Santiago Abascal no cumple con los requisitos exigidos: la defensa de la Constitución. De entrada, Rivera le hace un flaco favor al nuevo Gobierno andaluz, al que no le sobrarán adversarios con calificativos inaceptables, poco menos que de «antidemocrático» y la escatología podemita del alcalde de Cádiz. Puede entenderse la necesidad de Rivera de situarse en el centro del tablero, incluso de haber querido que Juan Marín –con sólo 21 diputados de un total de 109– presidiera la Junta, pero en ningún caso torpedear un acuerdo que es una verdadera alternativa de gobierno en Andalucía y más allá. Sería un error no aprovechar el cambio histórico que se ha producido con la caída del socialismo andaluz. Es lógico que Pablo Casado haga valer la base electoral del PP para provocar un cambio en el Gobierno de la nación, y hacerlo con partidos que se mantienen plenamente fieles a los principios constitucionales. Los sondeos para la próxima cita electoral, las municipales del próximo mayo, refuerzan a esta nueva mayoría, que se situaría por encima del bloque de izquierda formado por PSOE y Podemos, gracias al cual esta última formación se hizo con importantes capitales de provincia. La indefinición permanente de Albert Rivera le obliga a aceptar, por un lado, los votos de Vox para gobernar en Andalucía, pero, a continuación, negarle su condición de partido constitucionalista, cuando, a diferencia de Podemos –que también quedaría excluido–, en ningún momento ha propuesto abrir un proceso constituyente que liquide el «régimen del 78». Si Cs va a estar con plenos poderes en al gobierno andaluz, nada debería evitar que este acuerdo pueda desarrollarse en otras comunidades si se cumple lo acordado en el programa firmado en Sevilla. En estos momentos, si existe algún acuerdo indigno es el que permitió a Pedro Sánchez alcanzar la Moncloa con el apoyo de Podemos e independentistas catalanes y vascos –incluido Bildu–, justo los partidos que quieren acabar con la unidad territorial. Hay un tacticismo muy oportunista por parte de Rivera que consiste en utilizar los votos que no considera afines y, posteriormente, negar que ha habido acuerdo alguno. Es cierto que el gobierno andaluz se cerrará sólo por el acuerdo del PP y Cs, pero no es menos cierto que este cambio histórico en Andalucía no saldría adelante sin los votos de Vox. Esa es la realidad y negar la «vía andaluza» sería negar el futuro de esta nueva mayoría.