El Gobierno amenaza la economía

El programa de Gobierno que ha presentado Pedro Sánchez al pleno del Congreso no aporta grandes novedades sobre lo ya conocido, salvo, tal vez, la visualización de la soledad parlamentaria de un mandatario a quien sus presuntos socios, los que le auparon a La Moncloa, no tuvieron el menor empacho en declararse oposición, siguiendo en una estrategia política elemental, si se quiere, pero que puede resultar eficaz, porque, o bien Sánchez extrema su posición hacia la izquierda, enajenándose el apoyo de los sectores socialistas más moderados, o bien mantiene las líneas rojas institucionales, que actúan como calvo de cultivo del populismo de Podemos y sus mareas, y alimentan el discurso independentista catalán. La sesión de ayer en la Cámara Baja proporcionó los primeros indicios de lo que decimos al observar la insistencia de la extrema izquierda en llevar al Congreso las grabaciones espurias del «caso Corina», sin otra intención que la de atacar a la Institución monárquica, y la reiteración de los nacionalistas catalanes reclamando el reconocimiento del derecho de autodeterminación y exigiendo una negociación con el Estado tendente a hacerlo efectivo. Hubo, por supuesto, las consabidas reclamaciones de los podemitas para aumentar el gasto público, conscientes de que el programa económico y fiscal de Pedro Sánchez ya sobrepasa los límites de la prudencia, y se le insistió en que cumpliera antiguas promesas, como la derogación de la reforma laboral impulsada por el anterior Ejecutivo o la publicación de la lista de beneficiados por la regulación fiscal del exministro Cristóbal Montoro. Para contrarrestarles, el presidente del Gobierno, que estuvo siempre ajustado de tono, recurrió a algunos señuelos, como anunciar la prohibición legal de las amnistías fiscales, que, de hecho, ya están prohibidas por el Tribunal Constitucional; plantear planes de empleo juvenil o apuntar a una renovación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que está fuera de los parámetros mentales separatistas. Y, por supuesto, recurrió a su medida «progresista» estrella de la exhumación del cadáver de Francisco Franco, pese a la patente división que crea el asunto entre los españoles. Pero, con todo, son las subidas de impuestos y el recurso a seguir tirando del gasto público lo que supone la mayor amenaza para la estabilidad económica y el mercado de trabajo. En este sentido, no es nada habitual que la CEOE, que agrupa a los grandes empresarios españoles, haya reaccionado con tanta contundencia a los planes del Gobierno. Porque no sólo rechazan con datos y cifras las afirmaciones de la izquierda de que las empresas en España sufren menor presión fiscal que la media de la UE –según el informe de la CEOE es igual o, incluso, superior, puesto que de lo contrario las firmas extranjeras se asentarían en masa en nuestro país–, sino que alertan de las consecuencias de un incremento impositivo que afectará a la competitividad, recortará la inversión nacional y extranjera, reducirá a medio plazo la tributación y podría perjudicar la creación de empleo. La advertencia es pertinente puesto que, como reconoció el propio Pedro Sánchez, uno de los mayores desafíos que debe afrontar su Gobierno, como también lo fue para Mariano Rajoy, es la sostenibilidad de las pensiones. Reclamó el presidente un nuevo Pacto de Toledo, pero sin renunciar a sus planteamientos de que las pensiones se revaloricen de acuerdo al IPC, lo que en un escenario previsible de mayor inflación podría hacerlas inviables, y a establecer un impuesto finalista a la Banca para financiar la Seguridad Social. Medida que los expertos dudan de que sirva para cubrir el actual déficit de la pensiones. Es de esperar que el Gobierno rectifique, como ya ha hecho en otros casos, y se afane en una política expansiva y de creación de empleo.