El nuevo tiempo de Felipe VI

Han pasado mil días desde la proclamación, el 20 de junio de 2014, de Felipe VI ante las Cortes Generales. El jefe del Estado expresó en la sede de la soberanía nacional lo que quería que fuese su reinado: «Una Monarquía renovada para un tiempo nuevo». Anunciaba que España tenía por delante un reto colectivo que había que aprovechar. Se inició así una andadura en la que no todo iban a ser facilidades: una de las instituciones políticas más viejas del mundo tenía que ganarse la confianza de los ciudadanos. La sociedad española ha cambiado mucho desde que su padre, Juan Carlos I, fuera uno de los artífices clave de la Transición: nuestro régimen político es más exigente con los principios de la democracia y con demandar una ejemplaridad pública de los gobernantes, con el Rey a la cabeza. Para ganarse el aprecio, respeto y confianza de los españoles, dijo en su discurso de proclamación Felipe VI, debe «velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente». El compromiso que adquirió aquel día fue alto, como no podía ser menos en las circunstancias en las que se produjo el relevo, tras la abdicación del hoy Rey emérito, el 2 de junio de 2014. Se abrió así un escenario inédito cuya resolución, siguiendo lo establecido en la Constitución, demostró la estabilidad de nuestro sistema, la madurez de la ciudadanía y el reconocimiento de la Monarquía para mantener la estabilidad política. El papel para garantizar el funcionamiento del sistema ha sido ejemplar, cumpliendo a la perfección con su tarea, como quedó demostrado en el largo bloqueo institucional que impidió la elección del presidente del Gobierno. Las funciones de la Corona están marcadas por la Constitución, por lo que no se le deben exigir más intervenciones que las indicadas, error en el que incurren los que creen que debe mediar en asuntos donde los políticos y cargos electos han demostrado poca destreza, incapacidad o sectarismo. El jefe del Estado «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones», sin olvidar que «los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes» (artículo 64). En este sentido, los mil días transcurridos han sido un ejemplo del cumplimiento de las funciones estrictamente marcadas por la Constitución. No se nos debe escapar el papel desempeñado por Don Felipe en ayudar a mantener la cohesión territorial, más allá de que el jefe del Estado es el «símbolo de su unidad y permanencia» (artículo 56). Precisamente por su función neutral tiene acceso a los agentes sociales que dan vida al día a día de nuestro país. En la crisis abierta por el independentismo catalán, sin duda el capítulo más complicado de su corto reinado, el Rey ha mantenido el contacto con las fuerzas sociales y el mundo empresarial, demostrando el conocimiento sobre el terreno y estableciendo vínculos afectivos y de compresión mutua. Como ejemplo de esa conexión con los valores más positivos es la presentación ayer de los nuevos embajadores de la Marca España, con representantes de todos los sectores de la sociedad, personas que han ayudado al desarrollo económico y la ciencia y son ejemplo de verdadero compromiso solidario. Dijo «prometer continuar con el esfuerzo de estar al servicio del Estado y de todos los españoles y seguir aprendiendo, porque aunque uno esté en la cúspide del Estado, hay que mantener los pies en la tierra y seguir aprendiendo con humildad». Es una buena lección para hacer de España un proyecto común, de unidad y prosperidad. Felipe VI, como jefe del Estado, representa esa España abierta y tolerante.