El Rey, en defensa de la democracia

La democracia española soporta desde hace demasiado tiempo un ataque permanente por parte del nacionalismo catalán, incluso desde la propia Generalitat, lo que es todavía más grave. Cuando el desafío se lleva hasta el límite, las consecuencias son las que estamos viendo estos días en el Tribunal Supremo. Y cuando se quiere minar el prestigio de nuestras instituciones ante el mundo, es necesario responder desde la verdad de los hechos. El Rey Don Felipe pronunció ayer un discurso importante, a la altura del ya histórico del pasado 3 de octubre, clave en un momento de desconcierto y grave crisis nacional. Hizo una defensa del Estado de derecho y el respeto a la legalidad como una garantía de una democracia plena. «No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho», dijo. No hay más democracia que la que se sustenta en la ley, y esta no puede derogarse invocando ninguna «voluntad popular», ni «mandato popular». Es evidente la referencia a la abolición de las leyes constitutivas de nuestra democracia en Cataluña –en los días 6 y 7 de septiembre–, más la declaración de independencia el 27 de octubre. Nadie puede poner por encima de la legalidad ningún ideario político porque «sin respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia», como pudo comprobarse aquellos días, añadió Don Felipe en su discurso tras recibir la alta distinción Paz y Libertad de la Asociación Mundial de Juristas. Sus palabras adquieren, además, un significado especial en el marco que fueron pronunciadas y en el momento, mientras se está celebrando el juicio en el Tribunal Supremo a los encausados por lo que supuso un ataque frontal a nuestra legalidad. El galardón –que también lo recibieron Churchill, Mandela o René Cassin por su papel en la redacción de la Declaración Universal de los Humanos de la ONU– es, según lo expresó el Jefe del Estado, «un reconocimiento a la democracia constitucional española», algo que hizo extensivo al denostado «régimen del 78, la Constitución y los logros que salieron de ella. El independentismo ha puesto en el centro de sus objetivo el ataque al Rey porque es el garante de la unidad territorial y ejemplo de cumplimiento del mandato constitucional y porque el 3 de octubre estuvo, sin dilación, al lado de la democracia y del respeto a las leyes. A los dirigentes del «proceso» y de la Generalitat les cuesta entender un principio básico para la convivencia y es que nadie puede ponerse por encima de la ley. «La democracia está por encima de cualquier ley», ha dicho hace unos días Joaquim Torra, rompiendo el principio fundamental en el que se sustentan las libertades públicos. Y lo estamos oyendo día a día en el Tribunal Supremo: el «Constitucional no tiene legitimidad moral» (Jordi Rull), «antepongo el compromiso con los ciudadanos de Cataluña» al TC (Jordi Turull) o «absolutamente nada de lo que hemos hecho es delito» (Oriol Junqueras), aun saltándose leyes fundamentales. Debe ser la concepción nacionalista de la democracia, que antepone esa «voluntad de un pueblo» a las leyes y, por supuesto, a quien piensa lo contrario. Dedicarse a desprestigiar las instituciones del Estado desde la Generalitat sirve de poco cuando delante se tiene una democracia plena como la española. Es evidente que su mensaje no ha calado en el concierto internacional, y especialmente en la Unión Europea, que debió reconocer el nacimiento del nuevo estado catalán proclamado el 27 de octubre, pero no lo hizo, como era de esperar. España no es una dictadura, ni un estado autoritario, ni un país donde no se respetan los más elementales derechos humanos, ni coarta la expresión del pueblo de Cataluña, gobernada por nacionalistas desde hace casi 40 años. El Rey dejó claro ayer el compromiso de que la institución que representa con la Constitución y la democracia y la libertad en nuestro país.