ERE: crece la trama corrupta

Amedida que avanza la investigación de la jueza Mercedes Alaya, el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía adquiere niveles de escándalo. La trama corrupta, de la que se sospecha que llegó a desviar unos mil millones de euros (166.000 millones de las antiguas pesetas), no sólo alcanza a funcionarios y cargos públicos de la Junta andaluza, sino que se extiende a las empresas intermediarias y aseguradoras y, según se desprende de los últimos autos de la magistrada, a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Era extraño, dado el papel que juegan por Ley las organizaciones sindicales en la tramitación y ejecución de los expedientes de regulación de empleo, que nadie desde el ámbito sindical hubiera denunciado el cúmulo de irregularidades que se venía produciendo a lo largo de casi una década. Pero, si se confirman las acusaciones de la jueza Alaya, la explicación a la anomalía es sencilla: en la confabulación también participaban, bajo soborno, miembros de los dos principales sindicatos de España. El hecho es de una gravedad excepcional, y sólo la simple presunción judicial obliga a los responsables de UGT y de Comisiones Obreras a abrir una investigación interna y a colaborar sin reservas con la Justicia. Que las organizaciones encargadas de la defensa de los derechos de los trabajadores, a las que nuestra legislación laboral encarga tareas de carácter institucional, puedan verse implicadas en un fraude contra los trabajadores, nada menos que con la malversación de los fondos dedicados al desempleo, las indemnizaciones por despido y la formación laboral, clama al cielo. Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, secretarios generales, respectivamente, de UGT y Comisiones, tienen la oportunidad de llevar a cabo lo que tanto y, en ocasiones, tan airadamente reclaman a los demás: un ejercicio de transparencia de las cuentas, no sólo de las de sus agrupaciones, sino también las de los dirigentes locales que hayan podido estar en relación con los «conseguidores» de la trama, a los que se acusa de haber entregado más de cuatro millones de euros en comisiones y sobornos a las dos organizaciones sindicales y a su entorno. El asunto de los ERE de Andalucía es ya, sin duda, el mayor escándalo de malversación de caudales públicos de la historia de la democracia española. Pero sólo ha sido posible por la complicidad o la omisión de quienes estaban más obligados a velar por el buen uso de un dinero público destinado a uno de los pilares del Estado de Bienestar, como es el mantenimiento del seguro de desempleo. Si ya era de dominio público el sistema clientelar montado por el partido socialista en Andalucía, que ha gobernado la Junta durante los últimos 30 años, lo descubierto hasta ahora sobrepasa lo admisible. Tarde o temprano, Manuel Chaves y José Antonio Griñán tendrán que admitir sus responsabilidades.