ERE: ¿para cuándo la sentencia?

Hoy se cumplen 8 meses y 19 días desde que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dejó visto para sentencia la primera causa juzgada de los ERE, –la que sentó en el banquillo de los acusados a dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán; seis ex consejeros del mismo Gobierno autónomo andaluz y otros 13 ex altos cargos– sin que los magistrados actuantes hayan hecho pública su resolución, y sin que hayan dictado auto alguno que solicite y justifique una prórroga en la elaboración de la sentencia. Aunque se trata de una causa compleja, no lo es más, por el número de enjuiciados y por el volumen de actuaciones, que otras, como la Gürtel o el caso Noos, cuyas respectivas sentencias fueron resueltas en 6 y 8 meses, respectivamente, con la particularidad de que los jueces de Noos sí solicitaron el correspondiente auto de prórroga. O dicho de otra forma: mientras los jueces del TSJA deliberaban sobre la culpabilidad o inocencia de dos figuras capitales en el socialismo andaluz, y no solo, se han celebrado unas elecciones autonómicas en Andalucía, unas elecciones generales, y unas municipales y europeas. Y, si bien es un dicho común, cada vez más inexacto, que los tiempos de la Justicia no son los de la política, cabría preguntarse si, como en el caso de otros procesos que afectaban a partidos rivales del PSOE, como el PP o la vieja CDC, los electores no hubieran debido acercarse a las urnas con las dudas despejadas sobre uno de los asuntos de presunta corrupción más graves de la historia reciente de España. Porque no solo hablamos de una trama, siempre presuntamente, organizada desde los propios organismos de la Junta de Andalucía que supuso el desvío, con intenciones clientelares, de 741 millones de euros que debían ser destinados a apoyar a empresas en dificultades, pero que, al final, se convirtieron en un factor que fomentaba el cierre de las industrias y abrigó todo tipo de corruptelas, sino de un caso judicial que tiene aún abiertas otras 146 piezas, muchas de ellas siguiendo un camino tortuoso, con enfrentamientos y cruces de acusaciones de pasividad entre la Fiscalía y una magistrada instructora, que el martes mismo ha vuelto a solicitar una baja laboral por razones de salud. Por supuesto, en ningún caso tratamos de atribuir intención espuria a los magistrados, pero sí advertir de la perplejidad, cuando no desconfianza, que se está instalando en el ciudadano del común sobre la objetividad de nuestro sistema judicial. Y, si bien, las terminales del separatismo catalán llevan actuando en este sentido desde hace tiempo, otros casos, como el del magistrado José Ricardo de Prada, que fue propuesto como vocal del CGPJ por el PSOE tras su decisión de condenar al PP como «partícipe a título lucrativo», es decir, sin dolo, lo que abrió paso a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, no ayudan, precisamente, a generar el necesario consenso en la imparcialidad de los tribunales. Pero es que, además, mientras se alargan los plazos en procesos de alta sensibilidad social y política, con procedimientos que pueden abarcar décadas de actuaciones –el caso de los ERE enjuicia actos cometidos entre 2001 y 2010–, los encausados, sobre quienes debería pesar la presunción de inocencia, se ven sometidos a juicios paralelos mediáticos, cuyos perjuicios son de muy difícil corrección. Tal vez, ese «tempo judicial» podía tener sentido en época pretérita, cuando no existían las redes sociales y los partidos políticos no dirimían sus querellas en los tribunales, como ahora, amparados en la figura de la «acusación popular». Pero en el mundo de internet conviene al interés público que los procedimientos judiciales, incluidas las sentencias, sean mucha más ágiles.