La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Félix Alfonso Guevara, ha dado por probado que dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía fueron los autores del «chivatazo» que frustró, en un primer momento, la desarticulación de una de las principales redes de extorsión de la banda terrorista ETA, poniendo en peligro una investigación de más de ocho años y alertando a los terroristas de que sus movimientos y conversaciones estaban siendo estrechamente vigilados. Así expuesto, los hechos, profusamente apoyados en testimonios, interceptaciones telefónicas y grabaciones con autorización judicial, son lo suficientemente graves para ser calificados como un delito de colaboración con banda armada, tal y como habían solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares ejercidas por dos asociaciones de víctimas del terrorismo y el Partido Popular. La sentencia, sin embargo, considera que los inculpados sólo cometieron un delito de revelación de secretos y les condena a una pena de año y medio de prisión y a cuatro de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión. Los jueces entienden que hubo una motivación política, vinculada directamente al proceso de diálogo con los terroristas que llevó a cabo el anterior Gobierno socialista y que fue respaldado por el Parlamento de la época, a excepción del PP. Para quien conozca la trayectoria profesional de los policías condenados, en especial la del comisario Enrique Pamiés Medina, a la sazón jefe superior de Policía del País Vasco, de trayectoria profesional intachable y artífice de algunas de las operaciones contra ETA más importantes, es evidente que nunca pudo estar en su ánimo la menor intención de colaborar con la banda terrorista, a la que llevaba toda una vida combatiendo. La sentencia así lo pone de manifiesto al exponer que actuó «con el designio de no entorpecer la situación política abierta de diálogo, para acabar con la actividad de ETA». Pero aún siendo esto así, y no tenemos elementos de convicción en contrario, lo cierto es que el comisario Pamiés no estaba profesionalmente capacitado ni legitimado para adoptar una decisión, en efecto, política, de tal trascendencia, ni es, asimismo, creíble que actuara por iniciativa propia. Los jueces que han visto la causa, ante la insistente protesta de inocencia de los condenados, cuya línea de defensa no ha podido sostenerse, han evitado ir más allá en la búsqueda de los supuestos responsables de una toma de decisión tan reprobable, ante el hecho de que sin la confesión de parte de los dos funcionarios de Policía condenados, no hay caso. Ambos tienen derecho al recurso ante el Tribunal Supremo que tendrá la última palabra. Mientras, cargan con todas las consecuencias de una decisión que, desde luego, nadie cree que fuera sólo suya.