Un intolerable agravio comparativo

La Guardia Civil y la Policía Nacional conforman la columna vertebral de la seguridad ciudadana y así son percibidas, correctamente, por la inmensa mayoría de la sociedad española. Son dos instituciones ejemplares, no sólo por su profesionalidad y eficacia a la hora de combatir el crimen y proteger a los ciudadanos, sino porque actúan desde el exquisito respeto a la Ley y a los derechos fundamentales que establece nuestra Constitución. Por ello, no es posible entender que se mantenga el agravio comparativo que sufren los hombres y mujeres que integran los Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos salarios y condiciones laborales son muy inferiores a las que disfrutan otras policías autonómicas y municipales. Por ello, LA RAZÓN, que siempre ha apoyado a quienes defienden nuestras libertades y aseguran con su esfuerzo y sacrificio la paz y la libertad ciudadanas, ha puesto en marcha una campaña informativa y de opinión para reclamar y conseguir que en el menor tiempo posible el Gobierno de la Nación corrija esta desigualdad inaceptable. En cada edición ofreceremos a los lectores datos, informes, opiniones, entrevistas y reportajes que respaldarán nuestra posición en este asunto y que mostrarán a las claras la justicia de lo que pedimos. La situación económica de España, que crece y, pese a la crisis de Cataluña, mantiene sus perspectivas de mejora, permite al Gobierno de Mariano Rajoy abordar este problema, que debe ser resuelto cuanto antes mejor. Es tiempo de que los representantes del Ministerio del Interior y de Hacienda, si es preciso, y las organizaciones que representan a los guardias civiles y policías se dispongan a actuar para un acuerdo sobre bases sólidas. Ya ha habido demasiadas promesas incumplidas por parte de todos los ejecutivos que se han sucedido en La Moncloa, demasiadas resoluciones parlamentarias convertidas en brindis al sol como para seguir dando largas al problema en otras negociaciones que se dilatan sin solución de continuidad. Se pueden establecer plazos y tramos para las subidas salariales, pero con un calendario cerrado. Porque no se trata sólo de terminar con una situación anómala, sino de reconocer una labor digna de todo elogio como la que desempeñan la Guardia Civil y la Policía Nacional. En este sentido, pocos españoles se habrán detenido a reflexionar sobre el hecho, del todo inusual, de que tanto los agentes de la Benemérita como los policías, a las órdenes de jueces y magistrados en su calidad de Policía Judicial, apenas basan sus atestados e investigaciones en el interrogatorio de los acusados, sino en la paciente recogida de pruebas de cargo e indicios de culpabilidad. España puede vanagloriarse de tener unos servidores del orden muy profesionales, formados en la excelencia de sus academias y que cuando presentan sus conclusiones a un juez se han preocupado no tanto de cumplir la estadística de delitos y detenciones, sino de la búsqueda de la verdad. Esta cualidad, que hace de la Policía y de la Guardia Civil dos instituciones de las más valoradas por los ciudadanos y de las que más confianza transmiten a la sociedad en general, tiene, también, su reflejo en la pura realidad, por cuanto sitúa a nuestro país, que es la tercera potencia turística, entre los más seguros del mundo y en la nación que menos crímenes violentos deja sin resolver. Son unas Fuerzas de Seguridad que, hoy, tienen el respeto profesional de sus colegas de la Unión Europea y forma en sus centros a policías de otros países. Todo ello por no referirnos al doloroso pasado reciente del terrorismo etarra, que exigió los mayores sacrificios a nuestros policías y guardia civiles, y que fue derrotado desde el imperio de la Ley, gracias, también, a su inmensa labor. Valgan estas referencias, que no pretenden ser más que relación de hechos de sobra conocidos por la mayoría de los españoles y, por supuesto, por todas aquellas personas que desempeñan su labor en estrecho contacto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, para reclamar del Gobierno de la Nación y de los partidos políticos con representación en el Congreso de los diputados que se pongan manos a la obra y den fin a ese agravio que supone que unos funcionarios del Estado, ejemplares, ya decimos, en el cumplimiento de sus deberes, con vocación de servicio probada y con una eficacia profesional que admite cualquier comparación, cobren unos salarios inferiores a los de otros policías, autonómicos y municipales, que, en el mejor de los casos, cumplen unas funciones similares. No es de recibo, ni mucho menos de justicia, que esta situación de simple y llana discriminación que sufren la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a los otros cuerpos de seguridad citados se haya mantenido a lo largo del tiempo. Se trata, pues, de reconocer la excelencia y la dedicación en el servicio de unos hombres y mujeres que siempre responden, aún en las peores circunstancias, a los requerimientos que se les hacen. Sin duda, los sucesos de Cataluña hayan llevado a la conciencia de los ciudadanos –que han vivido con vergüenza y dolor el acoso y las muestras de odio que han sufrido unas personas de bien por parte de incalificables individuos– esta situación de injusticia salarial, pero, incluso, sin el deplorable espectáculo del golpe antidemocrático, nuestros ángeles guardianes ya se merecían el mejor trato posible.

LA RAZÓN quiere impulsar la campaña de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del estado para que su sueldo sea al menos igual al de las policías autonómicas.